Carlos Beas Torres
La entusiasta y numerosa participación de miles de manifestantes que, atendiendo la convocatoria de la APPO, salieron de nuevo a las calles el pasado 3 de febrero, es una señal evidente de que el movimiento ciudadano oaxaqueño no fue aplastado por la guerra sucia desatada en su contra, ni por la detención de su líder mediático Flavio Sosa.
Esta manifestación demuestra con claridad que mientras persistan las causas profundas que dieron vida a una de las movilizaciones populares más grandes en la historia de México, no habrá paz verdadera ni gobernabilidad democrática en Oaxaca.
Con la actitud de los manifestantes se percibe además que la gente ha empezado de nuevo a perder el miedo, el miedo que provocó la oleada criminal propia al terrorismo de Estado. Poco a poco el movimiento popular se reagrupa y define de nuevo las acciones necesarias para lograr la liberación de los 64 detenidos que aún se encuentran recluidos en diferentes cárceles de Oaxaca y del país, sin dejar, por supuesto, la demanda histórica que es la destitución de Ulises Ruiz como gobernador del estado.
Este año, en Oaxaca habrá elecciones locales, lo cual será el componente central de la disputa política que se vive en ese estado. La APPO tiene ante sí grandes retos; por un lado al definir su participación electoral, en alianza con el Frente Amplio Progresista, deberá evitar al máximo que ocurran escisiones y rupturas al interior; es decir, que deberá hacer vigente uno de sus principios, que es el de la independencia frente a todos los partidos políticos. Deberá asimismo preservar la unidad del movimiento, tratando de tomar los acuerdos por consenso, como han insistido las organizaciones y pueblos indígenas y evitar así ser el escenario de disputas por las candidaturas.
Por otro lado la APPO no debe perder de vista el impulso de acciones que permitan una real transformación democrática para Oaxaca y no una reforma cosmética como la que viene realizando una desacreditada comisión especial instruida por el mismo Ulises Ruiz. La reforma del Estado, la convocatoria a un nuevo Constituyente y la elaboración de un nuevo pacto social, donde se reconozcan nuevas formas de participación ciudadana y se establezcan con claridad los derechos de las mujeres y de los pueblos indios debe seguir siendo una prioridad del movimiento ciudadano. La coyuntura electoral no debe desplazar una transformación democrática a fondo, como la que han reclamado durante estos últimos meses miles y miles de ciudadanos en Oaxaca.
Coinciden algunos analistas al señalar que la principal oleada represiva ya pasó; sin embargo, aún se cuentan por decenas los desaparecidos y los detenidos, además de que los responsables materiales directos de numerosos asesinatos y secuestros, como los mandos policiacos Manuel Moreno Rivas y Aristeo López, no sólo siguen libres, sino que con todo cinismo ocupan aún los cargos desde los cuales agraviaron a cientos de ciudadanos oaxaqueños.
No es momento para confiarse, siendo por ello que el combate a la represión es uno de los retos principales que deberá enfrentar la APPO y más ahora que se han desatado nuevos operativos en todo el estado, para cumplimentar ordenes de aprehensión libradas en contra de cientos de dirigentes sociales, profesores, autoridades comunitarias y activistas. Esta nueva oleada represiva tiene que ver con la preocupación que le ha provocado al gobierno de Ulises Ruiz el repunte mostrado por la APPO a partir de la gran marcha del pasado 3 de febrero y piensa que con nuevas detenciones podrá contener la revuelta ciudadana.
Por último, un gran reto que tiene ante sí el movimiento popular es reagruparse, sumando nuevos sectores con sus demandas específicas además de mantener e incrementar la movilización ciudadana, evitando, en la medida de lo posible, las acciones violentas y las provocaciones. Los métodos de la movilización democrática deberán prevalecer sobre las posiciones que insisten en la confrontación violenta, la cual hasta ahora sólo ha servido para reprimir a amplios sectores de la población.
La situación en Oaxaca ha empezado a cambiar, ya que el grupo gobernante se muestra nervioso y fracturado. Es momento para que el movimiento ciudadano pase de nuevo a la ofensiva, ahora que son visibles las fracturas y las confrontaciones al interior del grupo de Ulises Ruiz; el desmembramiento de la CROC, un sindicato priísta muy agresivo, y el enfrentamiento directo entre el presidente de la Gran Comisión de la legislatura local y el secretario de Gobierno son sólo unas muestras de la debilidad interna de ese grupo.
Ya han salido de Oaxaca los últimos 150 elementos de la Policía Federal Preventiva, y ahora la contención de la protesta ciudadana ha quedado completamente en manos del aparato represivo de Ulises Ruiz. También este aparato represivo muestra graves fisuras, como han hecho evidente las denuncias públicas de mandos policiacos medios que han sido amenazados por sus superiores.
En los próximos meses seguramente crecerá de nuevo el conflicto político y social que existe en Oaxaca. Los diferentes retos que enfrenta el movimiento popular son grandes y difíciles, es cierto, pero existe la certeza de que los logrará sortear, siempre y cuando no sean abandonadas las causas y las demandas que le dieron origen y sustento. El pueblo no olvida y el pueblo está atento.
La entusiasta y numerosa participación de miles de manifestantes que, atendiendo la convocatoria de la APPO, salieron de nuevo a las calles el pasado 3 de febrero, es una señal evidente de que el movimiento ciudadano oaxaqueño no fue aplastado por la guerra sucia desatada en su contra, ni por la detención de su líder mediático Flavio Sosa.
Esta manifestación demuestra con claridad que mientras persistan las causas profundas que dieron vida a una de las movilizaciones populares más grandes en la historia de México, no habrá paz verdadera ni gobernabilidad democrática en Oaxaca.
Con la actitud de los manifestantes se percibe además que la gente ha empezado de nuevo a perder el miedo, el miedo que provocó la oleada criminal propia al terrorismo de Estado. Poco a poco el movimiento popular se reagrupa y define de nuevo las acciones necesarias para lograr la liberación de los 64 detenidos que aún se encuentran recluidos en diferentes cárceles de Oaxaca y del país, sin dejar, por supuesto, la demanda histórica que es la destitución de Ulises Ruiz como gobernador del estado.
Este año, en Oaxaca habrá elecciones locales, lo cual será el componente central de la disputa política que se vive en ese estado. La APPO tiene ante sí grandes retos; por un lado al definir su participación electoral, en alianza con el Frente Amplio Progresista, deberá evitar al máximo que ocurran escisiones y rupturas al interior; es decir, que deberá hacer vigente uno de sus principios, que es el de la independencia frente a todos los partidos políticos. Deberá asimismo preservar la unidad del movimiento, tratando de tomar los acuerdos por consenso, como han insistido las organizaciones y pueblos indígenas y evitar así ser el escenario de disputas por las candidaturas.
Por otro lado la APPO no debe perder de vista el impulso de acciones que permitan una real transformación democrática para Oaxaca y no una reforma cosmética como la que viene realizando una desacreditada comisión especial instruida por el mismo Ulises Ruiz. La reforma del Estado, la convocatoria a un nuevo Constituyente y la elaboración de un nuevo pacto social, donde se reconozcan nuevas formas de participación ciudadana y se establezcan con claridad los derechos de las mujeres y de los pueblos indios debe seguir siendo una prioridad del movimiento ciudadano. La coyuntura electoral no debe desplazar una transformación democrática a fondo, como la que han reclamado durante estos últimos meses miles y miles de ciudadanos en Oaxaca.
Coinciden algunos analistas al señalar que la principal oleada represiva ya pasó; sin embargo, aún se cuentan por decenas los desaparecidos y los detenidos, además de que los responsables materiales directos de numerosos asesinatos y secuestros, como los mandos policiacos Manuel Moreno Rivas y Aristeo López, no sólo siguen libres, sino que con todo cinismo ocupan aún los cargos desde los cuales agraviaron a cientos de ciudadanos oaxaqueños.
No es momento para confiarse, siendo por ello que el combate a la represión es uno de los retos principales que deberá enfrentar la APPO y más ahora que se han desatado nuevos operativos en todo el estado, para cumplimentar ordenes de aprehensión libradas en contra de cientos de dirigentes sociales, profesores, autoridades comunitarias y activistas. Esta nueva oleada represiva tiene que ver con la preocupación que le ha provocado al gobierno de Ulises Ruiz el repunte mostrado por la APPO a partir de la gran marcha del pasado 3 de febrero y piensa que con nuevas detenciones podrá contener la revuelta ciudadana.
Por último, un gran reto que tiene ante sí el movimiento popular es reagruparse, sumando nuevos sectores con sus demandas específicas además de mantener e incrementar la movilización ciudadana, evitando, en la medida de lo posible, las acciones violentas y las provocaciones. Los métodos de la movilización democrática deberán prevalecer sobre las posiciones que insisten en la confrontación violenta, la cual hasta ahora sólo ha servido para reprimir a amplios sectores de la población.
La situación en Oaxaca ha empezado a cambiar, ya que el grupo gobernante se muestra nervioso y fracturado. Es momento para que el movimiento ciudadano pase de nuevo a la ofensiva, ahora que son visibles las fracturas y las confrontaciones al interior del grupo de Ulises Ruiz; el desmembramiento de la CROC, un sindicato priísta muy agresivo, y el enfrentamiento directo entre el presidente de la Gran Comisión de la legislatura local y el secretario de Gobierno son sólo unas muestras de la debilidad interna de ese grupo.
Ya han salido de Oaxaca los últimos 150 elementos de la Policía Federal Preventiva, y ahora la contención de la protesta ciudadana ha quedado completamente en manos del aparato represivo de Ulises Ruiz. También este aparato represivo muestra graves fisuras, como han hecho evidente las denuncias públicas de mandos policiacos medios que han sido amenazados por sus superiores.
En los próximos meses seguramente crecerá de nuevo el conflicto político y social que existe en Oaxaca. Los diferentes retos que enfrenta el movimiento popular son grandes y difíciles, es cierto, pero existe la certeza de que los logrará sortear, siempre y cuando no sean abandonadas las causas y las demandas que le dieron origen y sustento. El pueblo no olvida y el pueblo está atento.
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