Daniel Lizárraga
En 2004 el secretario de Gobernación Santiago Creel y el canciller Luis Ernesto Derbez anunciaron que se habían descubierto “inadmisibles” actividades de funcionarios cubanos en México. Hoy, transcurrido el plazo impuesto para conocer los detalles, un informe desclasificado del Cisen revela que no había tales: sólo indignación del gobierno de Fox porque Castro decidió interrogar por su cuenta a Carlos Ahumada y deportarlo, no sin antes informar que los videoescándalos obedecían a una conspiración política.
El gobierno de Vicente Fox contó verdades a medias cuando puso al borde de la ruptura la relación con Cuba. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) desclasificó un informe en el cual consta que nunca se tuvieron datos precisos sobre la presunta infiltración de funcionarios cubanos para intervenir en asuntos de México, contrariamente a lo que aseguraron en 2004 Santiago Creel y Luis Ernesto Derbez, entonces secretario de Gobernación y canciller, respectivamente.
Los hechos que supuestamente provocaron el distanciamiento con el régimen castrista merecieron 25 renglones de un expediente de 32 hojas, que no aporta detalles de las supuestas reuniones y conversaciones ilegales que habrían tenido los integrantes del Partido Comunista Cubano (PCC) José Antonio Arbesú Fraga y Pedro Miguel Lobaina, para interferir en “asuntos que sólo competen a los mexicanos”.
En el mencionado informe del Cisen, el agravio al que se le da énfasis es la deportación del empresario argentino Carlos Ahumada.
El gobierno de Fox pretendía interrogarlo antes de que abandonara Cuba, sólo en calidad de testigo y denunciante. Le interesaba contar con su testimonio justo cuando en México estaba en su apogeo la difusión de los videos en los que Ahumada entrega fajos de billetes a políticos del PRD, entre ellos a René Bejarano, quien fuera secretario particular del entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.
Cuando Cuba deportó al empresario argentino, informó que según sus investigaciones los “videoescándalos” eran parte de una conspiración política (sin especificar de quién ni contra quién), lo que no se desmiente en este informe. Sólo se reporta que el régimen de Fidel Castro ha realizado pesquisas por su parte, sin avisar a ninguna autoridad mexicana para que estuviera presente en los interrogatorios.
Sin embargo, este informe, en el cual predominan las deducciones y los escenarios políticos sobre el trabajo de campo, fue la base del gobierno foxista para retirar a su embajadora en La Habana, Roberta Lajous, pedir la salida del embajador cubano en México, Jorge Bolaños, y declarar “persona non grata” al consejero para Asuntos Políticos de la isla, Orlando Silva, el 2 de mayo del 2004.
En septiembre de ese año, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) obligó al Cisen a entregar una primera versión del informe de inteligencia en el cual el gobierno basó su decisión. Para no afectar un posible arreglo futuro entre los países, los comisionados colocaron dos tipos de candados:
Se bloquearon párrafos en gris, que contienen datos en torno de las actividades ilegales y al margen de las reglas diplomáticas que habrían realizado dos miembros del PCC en México. Esta información estaría reservada durante sólo dos años.
Otros párrafos, tachados en negro, contendrían los nombres de los agentes del Cisen que trabajaron en el caso, sus fuentes y las técnicas empleadas para recoger los datos. Este candado durará seis años.
En esa primera versión, publicada por este reportero en El Universal el 24 de septiembre de 2004, se supo que además de la supuesta injerencia de los cubanos en asuntos internos de México, el gobierno foxista también resintió los ataques reiterados al excanciller Jorge G. Castañeda, una supuesta jugada de Fidel Castro y la deportación de Carlos Ahumada.
Desde entonces el tema del empresario argentino se perfilaba como el más importante, pero faltaba conocer los detalles de las supuestas actividades ilegales de la embajada y de los representantes del PCC.
Al cumplirse el primer plazo de reserva, de dos años, Proceso solicitó en enero pasado una segunda versión pública del reporte del Cisen. Al recibirla un mes después, detrás de los tachones en gris nunca aparecieron datos sobre las referidas reuniones secretas en México. En cambio se nota claramente la indignación del gobierno de Fox por el caso Ahumada.
Cuando se redactó este documento, el director del Cisen era Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República. Los encargados de manipular el contenido del informe ante los medios de comunicación fueron Santiago Creel, hoy líder de los senadores del PAN, y Luis Ernesto Derbez, encargado de los asuntos internacionales del mismo partido.
Al desclasificarse en 90% este material, se conoció también que los foxistas pensaron que el régimen de Fidel Castro orquestó en 2004 la irrupción de un grupo de cubanos en la embajada de México en La Habana.
Ruptura a dos voces
La tarde del domingo 2 de mayo de 2004, en una rueda de prensa organizada en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, el secretario de Gobernación Santiago Creel estableció un plazo de 48 horas para que saliera del país el embajador cubano, Jorge Bolaños, y acusó a los representantes del PCC de realizar actividades “inaceptables”.
Tras el anuncio, Creel y el canciller Derbez no permitieron preguntas de los reporteros y advirtieron que mantendrían los detalles en reserva “por la naturaleza propia de los hechos”.
Las actividades de Arbesú y Lobaina, así como del consejero político de la embajada cubana, Orlando Silva, fueron calificadas por Creel como contrarias a la amistad entre ambos países y al respeto que están obligados a mostrarse los gobiernos.
“Se cuenta con información de que estuvieron tratando en territorio nacional –fuera del marco institucional y de los procedimientos vigentes en los tratados– asuntos que, en todo caso, deben desahogarse por la vía diplomática con las instancias competentes”, dijo Creel.
Los diarios y algunos noticiarios radiofónicos difundieron versiones de “fuentes oficiales” en el sentido de que los cubanos se habrían reunido con dirigentes del PRD y del Gobierno del Distrito Federal para acordar los términos de la deportación de Ahumada.
Y aunque estas versiones nunca fueron desmentidas por las autoridades federales, al desclasificarse el informe del Cisen no aparecieron esos detalles ni pistas de lo que pudieron haber hecho los cubanos presuntamente infiltrados en México. En la página 2, los agentes del Cisen escribieron:
“En semanas previas a la fecha en que cada año se vota en Ginebra la resolución de Naciones Unidas referente a Cuba, se ha observado un creciente activismo de funcionarios cubanos en México, tanto del personal de su embajada como del Partido Comunista (PCC), los cuales han buscado estrechar vínculos con diversos actores políticos y sociales de nuestro país para así anticipar algunas decisiones de política exterior que bajo su óptica afecten los intereses del régimen de Fidel Castro, situación que ha derivado en crecientes intentos de estos ciudadanos cubanos por tener información referente a las intenciones del gobierno de la República con respecto a la relación con Cuba”.
En el resto del documento no aparecen los detalles que decían reservarse Creel y Derbez. Tampoco se incluyeron datos sobre la forma en que los cubanos estrecharon vínculos con actores políticos y sobre todo, no existen datos concretos sobre qué información pretendían obtener.
En cambio, el Cisen aporta datos sobre la visa diplomática de los cubanos, la compañía que los trasladó –Cubana de Aviación– y las fechas de su estancia en México, además de un perfil en el cual se enfatiza que están especializados en asuntos latinoamericanos:
“Durante la campaña que en 1988 instrumentó el gobierno estadunidense en contra del presidente de Panamá, Antonio Noriega, Arbesú fungió como asesor de éste, junto con otros miembros del PCC.
“Destaca que Arbesú y Lobaina viajan frecuentemente a nuestro país coincidentemente en los meses de febrero y marzo de 2002, 2003 y 2004, previo al anuncio de la posición de México en Ginebra, lo que confirma la existencia de una estrategia de presión sobre el gobierno mexicano a través de actores políticos y sociales afines con la intención de incidir en la decisión”.
Estos párrafos estuvieron bajo reserva durante dos años, ya que supuestamente contenían los detalles sobre la forma en que operaron los cubanos en México, pero en el informe no hay ni siquiera referencias, por ejemplo, a los lugares en los cuales se reunieron. Son datos que no pueden ocultarse todavía con los tachones negros, puesto que éstos sólo protegen las técnicas, los nombres y las fuentes de información utilizadas por los agentes del Cisen, de acuerdo con las disposiciones del IFAI.
El juego con Ahumada
La deportación de Ahumada ocupó 21 páginas del informe utilizado por el gobierno de Fox para marcar distancia del régimen cubano. En el último párrafo de la página 9, el Cisen acusa a Cuba de haber tenido siempre claro el paradero del empresario perseguido por la justicia mexicana:
“Carlos Ahumada arribó a Cuba el 27 de febrero del 2004, por la terminal 5 del Aeropuerto Internacional José Martí, lugar destinado para vuelos privados, en donde se cuenta con estrictas medidas de seguridad; de ahí que las autoridades supieran de su ingreso al país”.
El 3 de marzo de ese año, Víctor Trujillo presentó en su programa El Mañanero el video en el cual se ve a René Bejarano, personaje estrechamente vinculado a López Obrador, recibiendo dinero de Ahumada, presuntamente para financiar campañas políticas del PRD. Antes apareció el video del extesorero del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce, jugando en Las Vegas.
Este hecho, según el Cisen, provocó que el Gobierno cubano “comprendiera la importancia que tenía Ahumada en la coyuntura actual de la política mexicana”.
El 10 de marzo, la Interpol Buenos Aires informó al Cisen que estaba investigando al empresario por lavado de dinero y, a partir del 11 de marzo, México solicitó apoyo internacional para capturar a Ahumada. “Pero en el momento en que las autoridades cubanas recibieron esta solicitud, éste llevaba ya en la isla 14 días con visa vigente, que por cierto se le vencía el siguiente 28 de marzo”, señala el Cisen.
Una vez aprehendido Ahumada –según los párrafos desclasificados–, el canciller cubano Felipe Pérez Roque criticó a México por su voto en Ginebra y afirmó que supieron de la probable presencia de Ahumada en la isla hasta que llegó a sus manos la nota elaborada por la Interpol, lo que era impensable, dado el control del régimen sobre las llegadas de extranjeros.
Con base en declaraciones de funcionarios cubanos a la prensa y en el hecho de que sólo se le aplicó una medida cautelar a Ahumada, el Cisen concluye que Fidel Castro manipuló este caso.
Los agentes mexicanos afirman que a Ahumada le renovaron la visa apenas tres días antes de aprehenderlo y luego lo enviaron a un lugar privilegiado de la isla, mientras intentaban cambiar el sentido del voto mexicano en Ginebra.
Entre los párrafos desclasificados a petición de Proceso, destaca uno en el cual se dice que la PGR –mediante el oficio SGAJ/1749704– solicitó a Cuba obtener una declaración de Ahumada como denunciante y testigo.
Una vez aprobada la resolución de la ONU para que Cuba aceptara las visita de un relator de los derechos humanos, el régimen de Castro pasó de la presión a la administración del conflicto, en un contexto internacional que no era favorable al gobierno cubano, de acuerdo con la interpretación del Cisen.
“El gobierno cubano no respetó los términos del tratado de extradición, ya que poco antes de que vencieran los 40 días del plazo (se cumplía el 10 de mayo) deporta a Ahumada, a pesar de que el 5 de abril su fiscal Lorenzo Palenzuela dijo que los hechos reportados por la Interpol y por México ponían en riesgo la seguridad de Cuba. La deportación demostró que el asunto no tenía que ver con la seguridad del Estado sino con el interés de descalificar al gobierno (mexicano) a través de este caso”, acusa el Cisen.
Como prueba adicional, el informe refiere que, tras la sorpresiva deportación de Ahumada, el gobierno de Cuba reveló que los llamados “videoescándalos” eran parte de “una conspiración política”: en un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el empresario había confesado que los videoescándalos formaron parte de una estrategia diseñada con varios meses de anticipación.
Estos sucesos, sumados a una nueva visita de Lobaina al país, “hicieron evidente el gran interés del régimen de Fidel Castro en las decisiones políticas de México y constituye una clara muestra de que continuamente el gobierno cubano ha intentado negociar con el Estado mexicano y sus instituciones, con información cuya fuente, Carlos Ahumada resulta, como es evidente, sumamente controvertida por sus inevitables impactos mediáticos”, establece el documento.
La idea, según el Cisen, era dejar entrever que Cuba había obtenido de Ahumada información de tal magnitud que obligaría a revisar la política exterior de Fox.
“Cuba investigó indebidamente a Carlos Ahumada, en contravención de lo dispuesto en el artículo duodécimo del Tratado de Extradición, que establece el deber de los Estados contratantes de investigar al extraditable únicamente cuando hayan cometido un delito en territorio nacional y sólo respecto del mismo, a fin de que sea castigado y se autorice su extradición, pero de ninguna manera puede investigarlo por hechos en el extranjero inconexos con delitos en territorio cubano”, puntualiza el Cisen en la página 21, en un párrafo que también estuvo bajo reserva.
El servicio de inteligencia mexicano cuestiona también que en lugar de recabar la declaración de Ahumada, las autoridades cubanas procedieron a investigarlo, transgrediendo así el Tratado de Cooperación de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal:
“Interrogaron al señor Ahumada como si se tratara de un indiciado, sin que se le permitiera la asistencia de un defensor. De lo anterior se advierte que es falso que las diligencias practicadas por el gobierno cubano responden a la solicitud de asistencia de su defensor”, agrega.
El “montaje”
Según el reporte desclasificado, hay elementos para sostener que la irrupción de dos decenas de cubanos a la embajada de México en La Habana, el 27 de febrero del 2004, fue un “montaje” del régimen castrista para presionar al gobierno mexicano a fin de que cambiara su postura hacia la isla, en especial en el tema de los derechos humanos.
Los agentes del Cisen aparentemente recopilaron documentos confidenciales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en su reporte se extrañan de que la policía cubana se mostrara pasiva y hasta condescendiente con los cubanos que entraron a la embajada mexicana casi sin problemas.
Ante el escándalo internacional, las autoridades de la isla ordenaron el desalojo, pero los policías actuaron hasta las 4:30 horas del día siguiente. En cinco minutos, unos 60 elementos de la Brigada de Fuerzas Especiales sometieron a los intrusos.
Los indicios que hicieron sospechar a los agentes del Cisen que la irrupción no fue un acto espontáneo, son: la actitud de la gente cuando ya estaban dentro de la sede diplomática; la pasividad de la policía; el hecho de que no bloquearan a tiempo una emisión de Radio Martí desde Miami; y el manejo jurídico del caso.
En estos puntos, que también estuvieron bajo reserva, los analistas del Cisen cuestionaron que ninguno de los manifestantes solicitara asilo político aun cuando ya estaban en la embajada. Además, en los interrogatorios posteriores reconocieron que nunca escucharon una emisión de Radio Martí en la cual los invitaban a irse a México.
Por si fuera poco, “Cuba sostuvo que su gobierno no podía aceptar la exigencia mexicana de no procesar a los intrusos. No obstante, ninguno fue juzgado y la mayoría de ellos fueron liberados, discreta y aparentemente sin cargos”.
“Con este posible montaje –enfatizan los agentes del Cisen–, Cuba intentó sustanciar sus críticas contra el Presidente Fox, provocándole una situación embarazosa que descalificara a su embajador al tiempo que golpearía políticamente al canciller Castañeda.
“En algunos medios de comunicación cubanos se manejó la versión de que el gobierno mexicano debía de sentirse agradecido por el apoyo de Fidel Castro para resolver la crisis y, por tanto, apoyar a Cuba en los foros internacionales”, complementan.
En 2004 el secretario de Gobernación Santiago Creel y el canciller Luis Ernesto Derbez anunciaron que se habían descubierto “inadmisibles” actividades de funcionarios cubanos en México. Hoy, transcurrido el plazo impuesto para conocer los detalles, un informe desclasificado del Cisen revela que no había tales: sólo indignación del gobierno de Fox porque Castro decidió interrogar por su cuenta a Carlos Ahumada y deportarlo, no sin antes informar que los videoescándalos obedecían a una conspiración política.
El gobierno de Vicente Fox contó verdades a medias cuando puso al borde de la ruptura la relación con Cuba. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) desclasificó un informe en el cual consta que nunca se tuvieron datos precisos sobre la presunta infiltración de funcionarios cubanos para intervenir en asuntos de México, contrariamente a lo que aseguraron en 2004 Santiago Creel y Luis Ernesto Derbez, entonces secretario de Gobernación y canciller, respectivamente.
Los hechos que supuestamente provocaron el distanciamiento con el régimen castrista merecieron 25 renglones de un expediente de 32 hojas, que no aporta detalles de las supuestas reuniones y conversaciones ilegales que habrían tenido los integrantes del Partido Comunista Cubano (PCC) José Antonio Arbesú Fraga y Pedro Miguel Lobaina, para interferir en “asuntos que sólo competen a los mexicanos”.
En el mencionado informe del Cisen, el agravio al que se le da énfasis es la deportación del empresario argentino Carlos Ahumada.
El gobierno de Fox pretendía interrogarlo antes de que abandonara Cuba, sólo en calidad de testigo y denunciante. Le interesaba contar con su testimonio justo cuando en México estaba en su apogeo la difusión de los videos en los que Ahumada entrega fajos de billetes a políticos del PRD, entre ellos a René Bejarano, quien fuera secretario particular del entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.
Cuando Cuba deportó al empresario argentino, informó que según sus investigaciones los “videoescándalos” eran parte de una conspiración política (sin especificar de quién ni contra quién), lo que no se desmiente en este informe. Sólo se reporta que el régimen de Fidel Castro ha realizado pesquisas por su parte, sin avisar a ninguna autoridad mexicana para que estuviera presente en los interrogatorios.
Sin embargo, este informe, en el cual predominan las deducciones y los escenarios políticos sobre el trabajo de campo, fue la base del gobierno foxista para retirar a su embajadora en La Habana, Roberta Lajous, pedir la salida del embajador cubano en México, Jorge Bolaños, y declarar “persona non grata” al consejero para Asuntos Políticos de la isla, Orlando Silva, el 2 de mayo del 2004.
En septiembre de ese año, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) obligó al Cisen a entregar una primera versión del informe de inteligencia en el cual el gobierno basó su decisión. Para no afectar un posible arreglo futuro entre los países, los comisionados colocaron dos tipos de candados:
Se bloquearon párrafos en gris, que contienen datos en torno de las actividades ilegales y al margen de las reglas diplomáticas que habrían realizado dos miembros del PCC en México. Esta información estaría reservada durante sólo dos años.
Otros párrafos, tachados en negro, contendrían los nombres de los agentes del Cisen que trabajaron en el caso, sus fuentes y las técnicas empleadas para recoger los datos. Este candado durará seis años.
En esa primera versión, publicada por este reportero en El Universal el 24 de septiembre de 2004, se supo que además de la supuesta injerencia de los cubanos en asuntos internos de México, el gobierno foxista también resintió los ataques reiterados al excanciller Jorge G. Castañeda, una supuesta jugada de Fidel Castro y la deportación de Carlos Ahumada.
Desde entonces el tema del empresario argentino se perfilaba como el más importante, pero faltaba conocer los detalles de las supuestas actividades ilegales de la embajada y de los representantes del PCC.
Al cumplirse el primer plazo de reserva, de dos años, Proceso solicitó en enero pasado una segunda versión pública del reporte del Cisen. Al recibirla un mes después, detrás de los tachones en gris nunca aparecieron datos sobre las referidas reuniones secretas en México. En cambio se nota claramente la indignación del gobierno de Fox por el caso Ahumada.
Cuando se redactó este documento, el director del Cisen era Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República. Los encargados de manipular el contenido del informe ante los medios de comunicación fueron Santiago Creel, hoy líder de los senadores del PAN, y Luis Ernesto Derbez, encargado de los asuntos internacionales del mismo partido.
Al desclasificarse en 90% este material, se conoció también que los foxistas pensaron que el régimen de Fidel Castro orquestó en 2004 la irrupción de un grupo de cubanos en la embajada de México en La Habana.
Ruptura a dos voces
La tarde del domingo 2 de mayo de 2004, en una rueda de prensa organizada en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, el secretario de Gobernación Santiago Creel estableció un plazo de 48 horas para que saliera del país el embajador cubano, Jorge Bolaños, y acusó a los representantes del PCC de realizar actividades “inaceptables”.
Tras el anuncio, Creel y el canciller Derbez no permitieron preguntas de los reporteros y advirtieron que mantendrían los detalles en reserva “por la naturaleza propia de los hechos”.
Las actividades de Arbesú y Lobaina, así como del consejero político de la embajada cubana, Orlando Silva, fueron calificadas por Creel como contrarias a la amistad entre ambos países y al respeto que están obligados a mostrarse los gobiernos.
“Se cuenta con información de que estuvieron tratando en territorio nacional –fuera del marco institucional y de los procedimientos vigentes en los tratados– asuntos que, en todo caso, deben desahogarse por la vía diplomática con las instancias competentes”, dijo Creel.
Los diarios y algunos noticiarios radiofónicos difundieron versiones de “fuentes oficiales” en el sentido de que los cubanos se habrían reunido con dirigentes del PRD y del Gobierno del Distrito Federal para acordar los términos de la deportación de Ahumada.
Y aunque estas versiones nunca fueron desmentidas por las autoridades federales, al desclasificarse el informe del Cisen no aparecieron esos detalles ni pistas de lo que pudieron haber hecho los cubanos presuntamente infiltrados en México. En la página 2, los agentes del Cisen escribieron:
“En semanas previas a la fecha en que cada año se vota en Ginebra la resolución de Naciones Unidas referente a Cuba, se ha observado un creciente activismo de funcionarios cubanos en México, tanto del personal de su embajada como del Partido Comunista (PCC), los cuales han buscado estrechar vínculos con diversos actores políticos y sociales de nuestro país para así anticipar algunas decisiones de política exterior que bajo su óptica afecten los intereses del régimen de Fidel Castro, situación que ha derivado en crecientes intentos de estos ciudadanos cubanos por tener información referente a las intenciones del gobierno de la República con respecto a la relación con Cuba”.
En el resto del documento no aparecen los detalles que decían reservarse Creel y Derbez. Tampoco se incluyeron datos sobre la forma en que los cubanos estrecharon vínculos con actores políticos y sobre todo, no existen datos concretos sobre qué información pretendían obtener.
En cambio, el Cisen aporta datos sobre la visa diplomática de los cubanos, la compañía que los trasladó –Cubana de Aviación– y las fechas de su estancia en México, además de un perfil en el cual se enfatiza que están especializados en asuntos latinoamericanos:
“Durante la campaña que en 1988 instrumentó el gobierno estadunidense en contra del presidente de Panamá, Antonio Noriega, Arbesú fungió como asesor de éste, junto con otros miembros del PCC.
“Destaca que Arbesú y Lobaina viajan frecuentemente a nuestro país coincidentemente en los meses de febrero y marzo de 2002, 2003 y 2004, previo al anuncio de la posición de México en Ginebra, lo que confirma la existencia de una estrategia de presión sobre el gobierno mexicano a través de actores políticos y sociales afines con la intención de incidir en la decisión”.
Estos párrafos estuvieron bajo reserva durante dos años, ya que supuestamente contenían los detalles sobre la forma en que operaron los cubanos en México, pero en el informe no hay ni siquiera referencias, por ejemplo, a los lugares en los cuales se reunieron. Son datos que no pueden ocultarse todavía con los tachones negros, puesto que éstos sólo protegen las técnicas, los nombres y las fuentes de información utilizadas por los agentes del Cisen, de acuerdo con las disposiciones del IFAI.
El juego con Ahumada
La deportación de Ahumada ocupó 21 páginas del informe utilizado por el gobierno de Fox para marcar distancia del régimen cubano. En el último párrafo de la página 9, el Cisen acusa a Cuba de haber tenido siempre claro el paradero del empresario perseguido por la justicia mexicana:
“Carlos Ahumada arribó a Cuba el 27 de febrero del 2004, por la terminal 5 del Aeropuerto Internacional José Martí, lugar destinado para vuelos privados, en donde se cuenta con estrictas medidas de seguridad; de ahí que las autoridades supieran de su ingreso al país”.
El 3 de marzo de ese año, Víctor Trujillo presentó en su programa El Mañanero el video en el cual se ve a René Bejarano, personaje estrechamente vinculado a López Obrador, recibiendo dinero de Ahumada, presuntamente para financiar campañas políticas del PRD. Antes apareció el video del extesorero del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce, jugando en Las Vegas.
Este hecho, según el Cisen, provocó que el Gobierno cubano “comprendiera la importancia que tenía Ahumada en la coyuntura actual de la política mexicana”.
El 10 de marzo, la Interpol Buenos Aires informó al Cisen que estaba investigando al empresario por lavado de dinero y, a partir del 11 de marzo, México solicitó apoyo internacional para capturar a Ahumada. “Pero en el momento en que las autoridades cubanas recibieron esta solicitud, éste llevaba ya en la isla 14 días con visa vigente, que por cierto se le vencía el siguiente 28 de marzo”, señala el Cisen.
Una vez aprehendido Ahumada –según los párrafos desclasificados–, el canciller cubano Felipe Pérez Roque criticó a México por su voto en Ginebra y afirmó que supieron de la probable presencia de Ahumada en la isla hasta que llegó a sus manos la nota elaborada por la Interpol, lo que era impensable, dado el control del régimen sobre las llegadas de extranjeros.
Con base en declaraciones de funcionarios cubanos a la prensa y en el hecho de que sólo se le aplicó una medida cautelar a Ahumada, el Cisen concluye que Fidel Castro manipuló este caso.
Los agentes mexicanos afirman que a Ahumada le renovaron la visa apenas tres días antes de aprehenderlo y luego lo enviaron a un lugar privilegiado de la isla, mientras intentaban cambiar el sentido del voto mexicano en Ginebra.
Entre los párrafos desclasificados a petición de Proceso, destaca uno en el cual se dice que la PGR –mediante el oficio SGAJ/1749704– solicitó a Cuba obtener una declaración de Ahumada como denunciante y testigo.
Una vez aprobada la resolución de la ONU para que Cuba aceptara las visita de un relator de los derechos humanos, el régimen de Castro pasó de la presión a la administración del conflicto, en un contexto internacional que no era favorable al gobierno cubano, de acuerdo con la interpretación del Cisen.
“El gobierno cubano no respetó los términos del tratado de extradición, ya que poco antes de que vencieran los 40 días del plazo (se cumplía el 10 de mayo) deporta a Ahumada, a pesar de que el 5 de abril su fiscal Lorenzo Palenzuela dijo que los hechos reportados por la Interpol y por México ponían en riesgo la seguridad de Cuba. La deportación demostró que el asunto no tenía que ver con la seguridad del Estado sino con el interés de descalificar al gobierno (mexicano) a través de este caso”, acusa el Cisen.
Como prueba adicional, el informe refiere que, tras la sorpresiva deportación de Ahumada, el gobierno de Cuba reveló que los llamados “videoescándalos” eran parte de “una conspiración política”: en un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el empresario había confesado que los videoescándalos formaron parte de una estrategia diseñada con varios meses de anticipación.
Estos sucesos, sumados a una nueva visita de Lobaina al país, “hicieron evidente el gran interés del régimen de Fidel Castro en las decisiones políticas de México y constituye una clara muestra de que continuamente el gobierno cubano ha intentado negociar con el Estado mexicano y sus instituciones, con información cuya fuente, Carlos Ahumada resulta, como es evidente, sumamente controvertida por sus inevitables impactos mediáticos”, establece el documento.
La idea, según el Cisen, era dejar entrever que Cuba había obtenido de Ahumada información de tal magnitud que obligaría a revisar la política exterior de Fox.
“Cuba investigó indebidamente a Carlos Ahumada, en contravención de lo dispuesto en el artículo duodécimo del Tratado de Extradición, que establece el deber de los Estados contratantes de investigar al extraditable únicamente cuando hayan cometido un delito en territorio nacional y sólo respecto del mismo, a fin de que sea castigado y se autorice su extradición, pero de ninguna manera puede investigarlo por hechos en el extranjero inconexos con delitos en territorio cubano”, puntualiza el Cisen en la página 21, en un párrafo que también estuvo bajo reserva.
El servicio de inteligencia mexicano cuestiona también que en lugar de recabar la declaración de Ahumada, las autoridades cubanas procedieron a investigarlo, transgrediendo así el Tratado de Cooperación de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal:
“Interrogaron al señor Ahumada como si se tratara de un indiciado, sin que se le permitiera la asistencia de un defensor. De lo anterior se advierte que es falso que las diligencias practicadas por el gobierno cubano responden a la solicitud de asistencia de su defensor”, agrega.
El “montaje”
Según el reporte desclasificado, hay elementos para sostener que la irrupción de dos decenas de cubanos a la embajada de México en La Habana, el 27 de febrero del 2004, fue un “montaje” del régimen castrista para presionar al gobierno mexicano a fin de que cambiara su postura hacia la isla, en especial en el tema de los derechos humanos.
Los agentes del Cisen aparentemente recopilaron documentos confidenciales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en su reporte se extrañan de que la policía cubana se mostrara pasiva y hasta condescendiente con los cubanos que entraron a la embajada mexicana casi sin problemas.
Ante el escándalo internacional, las autoridades de la isla ordenaron el desalojo, pero los policías actuaron hasta las 4:30 horas del día siguiente. En cinco minutos, unos 60 elementos de la Brigada de Fuerzas Especiales sometieron a los intrusos.
Los indicios que hicieron sospechar a los agentes del Cisen que la irrupción no fue un acto espontáneo, son: la actitud de la gente cuando ya estaban dentro de la sede diplomática; la pasividad de la policía; el hecho de que no bloquearan a tiempo una emisión de Radio Martí desde Miami; y el manejo jurídico del caso.
En estos puntos, que también estuvieron bajo reserva, los analistas del Cisen cuestionaron que ninguno de los manifestantes solicitara asilo político aun cuando ya estaban en la embajada. Además, en los interrogatorios posteriores reconocieron que nunca escucharon una emisión de Radio Martí en la cual los invitaban a irse a México.
Por si fuera poco, “Cuba sostuvo que su gobierno no podía aceptar la exigencia mexicana de no procesar a los intrusos. No obstante, ninguno fue juzgado y la mayoría de ellos fueron liberados, discreta y aparentemente sin cargos”.
“Con este posible montaje –enfatizan los agentes del Cisen–, Cuba intentó sustanciar sus críticas contra el Presidente Fox, provocándole una situación embarazosa que descalificara a su embajador al tiempo que golpearía políticamente al canciller Castañeda.
“En algunos medios de comunicación cubanos se manejó la versión de que el gobierno mexicano debía de sentirse agradecido por el apoyo de Fidel Castro para resolver la crisis y, por tanto, apoyar a Cuba en los foros internacionales”, complementan.
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