La autonomía de los pueblos indígenas deja de ser una demanda para convertirse en hecho, a pesar de que las instituciones del Estado se resisten a reconocerla, que es una forma de criminalizarla. Miles de comunidades han decidido darse a sí mismas un gobierno basado en las prácticas tradicionales adaptadas a la actualidad
Los municipios autónomos indígenas maduran en Chiapas, pero una gama de formas de autogobierno se despliega también en Oaxaca, Guerrero, Sonora, Jalisco y Michoacán. De distintas maneras, aplican explícitamente los Acuerdos de San Andrés.
La autogestión indígena se da en la resistencia: sean los amuzgos de Suljáa o los municipios donde trabaja la policía comunitaria en la Montaña de Guerrero, los centenares de municipalidades oaxaqueñas que se rigen por usos y costumbres, los gobiernos tradicionales de yaquis, wixaritari, mayo, com'cac, purépechas, nahuas.
La creación este año nuevo del municipio autónomo triqui de San Juan Copala (que además asume una geografía propia, diversa de la "oficial", pero establecida por la historia y por la demografía real), es importante y significativa, a reserva de las diferencias entre el Movimiento Unificado de la Lucha Triqui (MULT) identificado con un partido político regional, y el MULTIndependiente.
La tendencia a que los pueblos indígenas se autogobiernen es imparable. Ni la corrupción automática estilo priísta (que persiste en los Ulises Ruiz, Peña Nieto, Mario Marín, etcétera), ni la represión también automática, ni la conculcación de sus derechos colectivos, ni la militarización de sus territorios han logrado impedirla. Porque es necesaria. Sin ella, la República jamás será sana. Los pueblos saben lo que quieren, poseen una preceptiva sabia, no confunden servir al pueblo con la política de los sirvientes. Poseen formas de legitimidad que ya quisieran los gobiernos panistas. Y están dispuestos a aprender.
También este año nuevo, las juntas de gobierno zapatistas y los más de 40 municipios autónomos rebeldes celebraron el 13 aniversario de su levantamiento con una notable exposición coral de sus experiencias como gobierno ciudadano y colectivo.
En base al diálogo, han convivivido más que coexistido con grupos oficialistas. muchas veces antagónicos pero no siempre. La participación de las mujeres en funciones comunitarias y de gobierno ha alcanzado una escala histórica para los pueblos indios y el país en su conjunto.
En su manual Normas de convivencia a través de acuerdos comunitarios (Oaxaca, 2005), Melitón Bautista Cruz describe los terrenos jurídicos y de derecho consetudinario desde la historia ancestral de su pueblo: "Nuestros antepasados zapotecos tenían la gran inteligencia de saber cómo organizarse para realizar de manera colectiva trabajos agrícolas" y participaban todos en la actividad económica de sus municipios. "En nuestros días sigue latente el respeto hacia la madre tierra", escribe el promotor cultural y, como tantos otros, servidor de sus pueblos en la sierra Juárez.
Las manifestaciones culturales de gobierno "se mantienen vivas en los pueblos y comunidades indígenas e indican que sus raíces aún no se han secado y la identidad permanece firme, pues éstas han sido las bases del cimiento para nombramientos de sus Autoridades Municipales, porque los ciudadanos de los pueblos observaban que cumplían el fhen xhin che shexhe (trabajo colectivo) y obedecían los mandatos que les encomendaban, es decir: mandaban obedeciendo".
Los pueblos zapotecos y mixtecos han incorporado de manera sabia los corrosivos fenómenos de la modernidad, como la migración a Estados Unidos. En el caso de Tabaá, de donde es originario Bautista Cruz, "los paisanos ausentes están integrados en Mesas Directivas en Los Ángeles, el df y la ciudad de Oaxaca", y aportan el 40 por ciento de los que cuesta un día de tequio, "un total de 700 mil pesos que aportan anualmente".
Mucho falta para lograr el reconocimiento legal, pero numerosos estudiosos indígenas y miles de pueblos están ya aplicados en delinear sus formas de gobierno. Servir en cargos colectivos. Defender el territorio. Buscar el equilibrio de justicia entre el derecho colectivo indígena y el derecho que reside en leyes nacionales anquilosadas o de plano injustas
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