josé palacios tépate
Mérida, Yuc., 4 de febrero (apro).- Por muchas décadas la tranquilidad y seguridad fue uno de los factores que “vendió” el gobierno del estado a inversionistas extranjeros para atraer capitales a Yucatán. Hoy se ha convertido en un gran mito.
En el olvido quedaron las afirmaciones de la Secretaría de Turismo que pregonaba que sólo Cancún representaba un peligro para la seguridad de los ciudadanos en la península yucateca.
Hechos violentos como las explosiones de dos granadas de fragmentación --una en septiembre del año pasado y otra el sábado pasado--, hombres incinerados en el interior de sus automóviles, asesinatos y la presencia de sicarios, desmienten al gobernador Patricio Patrón Laviada, cuando asegura que “Yucatán es uno de los estados más seguros”.
El martes 30 de enero, casi a la medianoche varios sujetos atacaron a agentes de la Secretaría de Protección y Vialidad con armas Beretta calibre 9 mm con silenciador, a bordo de una motocicleta rápida y un automóvil de lujo como escolta.
El 1 de septiembre de 2006, el periódico Por Esto fue víctima del primer atentado con granadas de fragmentación. De dos que lanzaron varios sujetos desconocidos a esa instalaciones sólo una estalló; y aunque no causó la muerte de ningún empleado, generó psicosis entre el medio periodístico.
El diario ha denunciado reiteradamente que los hermanos del gobernador Patricio Patrón Laviada --principalmente a Alejandro--, están vinculados estrechamente con los capos de la droga y como operadores principales en el proceso de introducción de cargamentos por mar, tierra y aire.
La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso de la explosión; pero hasta la fecha no ha esclarecido el atentado ni detenido a quienes lo perpetraron. De acuerdo con la versión que hizo circular ese periódico, el narcotráfico está detrás del ataque.
El antecedente más reciente que se tiene en Yucatán sobre un ataque público es el asesinato del diputado priista Pánfilo Novelo Martín, de su hijo y su chofer, hace cinco años. La PGR atrajo las investigaciones pero hasta el momento no ha informado de su esclarecimiento.
El sábado 27 del mes pasado, aproximadamente a las 05:00 horas, varios sujetos no identificados lanzaron dos granadas de fragmentación a la estación de bomberos de Progreso. Sólo una estalló causando un boquete en el techo. Por fortuna, nadie resultó herido. Una mujer del mismo departamento de Bomberos que no se hallaba en el lugar de los hechos, fue víctima de intento de secuestro y violación, aparentemente para cubrir el escenario de la agresión. Los sujetos que perpetraron el atentado dejaron cerca del lugar una camioneta jeep, que más tarde se supo que era robada.
El martes 30 de enero, la Procuraduría de Justicia tomó conocimiento de la aparición de un sujeto que aparentemente fue ejecutado en su propio automóvil. La policía no halló alguna bala y presumió que fue ahorcado y luego quemado; una especie de venganza, en un paraje solitario de la carretera Chalmuch, comisaría de Mérida. El sujeto aún sigue en calidad de desconocido, aunque se sospecha de que se trata de un hombre que desapareció en días pasados y cuyo vehículo, un Stratus colo champagne, no ha sido localizado.
Entre tanto, la granada que estalló el sábado obligó a la PGR y al Ejército a patrullar la zona de Progreso y también las áreas estratégicas de combustible y energía en Yucatán, a través de sobre vuelos aéreos y movilización terrestres con equipo especializado de contrainsurgencia y combate al narcotráfico.
De acuerdo con el informe más reciente de las autoridades, los atacantes utilizaron una granada de demolición tipo M61, de fabricación estadunidense, que fácilmente pudo derribar por completo la Base Pescador de la SPV, y prácticamente sepultar a los cuatro bomberos y ocho agentes de la policía estatal que descansaban en el sitio.
Por si fuera poco, ese mismo martes, casi a la medianoche, un policía de Protección y Vialidad fue baleado en la colonia Amalia Solórzano, en el oriente de la ciudad. El agente, que hacía guardia a bordo de una patrulla estacionada, recibió dos balazos que lo hirieron de gravedad.
Dos presuntos agresores fueron detenidos, cuando la motocicleta en que escapaban derrapó a pocos metros de la patrulla del agente herido, la cual recibió numerosos impactos de bala. Un tercer agresor seguía prófugo y su búsqueda motivó una impresionante operación de la SPV.
Los hechos ocurrieron a las 11:30 de la noche, cuando el agente se encontraba estacionado sobre el periférico, a unos metros del entronque con la carretera a Tixkokob.
La primera versión que difundió la PGJ es que se trató de “pandilleros” que momentos antes del atentado eran buscados por la SPV.
Los motociclistas se dieron a la fuga, pero al cruzar hacia la lateral del periférico la moto derrapó y los sujetos huyeron a pie, pero fueron perseguidos por los elementos de la SPV, corrieron por la calle 19 de la colonia Amalia Solórzano y se introdujeron a un terreno baldío que se encuentra en la calle 10-A, en donde se escondieron y abandonaron dos pistolas con silenciador, tres cargadores y ropas de color negro.
Los tripulantes del Ford también huyeron y abandonaron el automóvil a las puertas del Seven Eleven que se encuentra a un costado de la gasolinera del entronque de San Pedro Nopat y la carretera a Valladolid.
Los uniformados que acordonaron la calle 10-A revisaron casa por casa y se subieron a los techos para verificar que no había más prófugos.
El policía herido fue conducido al Centro Médico Nacional del Seguro Social “Ignacio García Téllez” y, al parecer, se encuentra estable.
Alarmante avance del narcotráfico
De acuerdo con versiones de la policía, el comercio de drogas en el estado creció 1,500% en los últimos cinco años.
La denuncia por el comercio de estupefacientes en Yucatán se disparó en más de mil 500 por ciento, según datos estadísticos de la Procuraduría General de la República (PGR) al cierre del 2006.
La cercanía del estado con entidades como Quintana Roo y Campeche, donde se han detectado estructuras organizadas para el paso de la droga rumbo a Estados Unidos, ha puesto en alerta al gobierno estatal y al sector empresarial.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCEY), Mario Martínez Laviada, sugirió a los diversos candidatos a la gubernatura que incluyan en sus plataformas de trabajo un proyecto de reforzamiento de la seguridad pública, para evitar que el narcotráfico se apodere de la entidad.
Así mismo, agregó que Patrón Laviada debe realizar una reestructuración de las fuerzas públicas para heredar a su sucesor corporaciones confiables en la lucha contra el narcotráfico.
"En los últimos cinco años he visto que se ha incrementado el índice de movimiento de droga en el país y hay incluso violencia extrema que antes no había entre gente que pertenece al crimen organizado y que se convierte en un problema y peligro para la sociedad en general", comentó.
"Las plataformas de todos los partidos, rumbo a la elección estatal, son conocidas por la gente, pero hace falta incluir más el proyecto de seguridad, ya que a, cualquiera de los candidatos que resulte electo, le exigiremos que cumpla los compromisos que haga en campaña y garantice la estabilidad social", sentenció.
Del año 2001 al tercer trimestre del 2006, los datos existentes sobre delitos contra la salud mostraban una tendencia a la alza en el tráfico, comercio, transporte y producción de drogas, al igual que en los casos de consumo y tráfico de estupefacientes.
"Hemos visto que, en el caso de Quintana Roo, hay una problemática importante, pues se ve que hay movimientos fuertes de narcotráfico y, aunque creo que no es el caso de Yucatán, sí es importante que nos mantengamos alerta, porque en cualquier momento nos puede pasar", advirtió el empresario yucateco Martínez Laviada.
"Si bajamos la guardia es posible que nos contaminemos, por eso hay que estar muy atentos, pues aunque en términos
En relación con delitos del fuero federal, en Yucatán los crímenes vinculados con el tráfico y consumo de drogas representan el 40 por ciento de los casos atendidos por la delegación de la PGR.
Más consumidores
En septiembre pasado, el presidente de la Sociedad Nacional de Criminología (SNC), Luis Rodríguez Manzanero, denunció que la Península de Yucatán sirve de paso a los narcotraficantes, pero corre el riesgo de que se establezca un gran mercado de consumidores en esta entidad, así como en Campeche.
Durante un foro para tratar el tema de delincuencia en el país, el especialista de la SCN mencionó que "los movimientos del narcotráfico deben ser atendidos por las autoridades, principalmente en el nivel del narcomenudeo, que es el caso de Yucatán, mientras que en ciudades como Cancún, el problema es más grave, ya que se dan enfrentamientos violentos que pueden desbordarse".
El 7 de diciembre del 2004, más de 30 elementos del Ejército pertenecientes al XI Batallón de Infantería y cinco elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) provenientes de la Ciudad de México realizaron un cateo al domicilio 394 del Fraccionamiento Montebello, en Mérida.
El operativo relacionado con el narcotráfico y un caso de ejecución de agentes de la AFI en el Estado de Quintana Roo fueron de los primeros indicios del asentamiento de capos de la droga y distribuidores menores que podrían dirigir el movimiento de estupefacientes desde Yucatán.
El miércoles 31 de enero, agentes de inteligencia militar revelaron que en Yucatán el grupo conocido como “Los Zetas” intentan tomar la plaza e intimidan a los narcomenudistas que están coludidos con agentes de la policía estatal.
Mérida, Yuc., 4 de febrero (apro).- Por muchas décadas la tranquilidad y seguridad fue uno de los factores que “vendió” el gobierno del estado a inversionistas extranjeros para atraer capitales a Yucatán. Hoy se ha convertido en un gran mito.
En el olvido quedaron las afirmaciones de la Secretaría de Turismo que pregonaba que sólo Cancún representaba un peligro para la seguridad de los ciudadanos en la península yucateca.
Hechos violentos como las explosiones de dos granadas de fragmentación --una en septiembre del año pasado y otra el sábado pasado--, hombres incinerados en el interior de sus automóviles, asesinatos y la presencia de sicarios, desmienten al gobernador Patricio Patrón Laviada, cuando asegura que “Yucatán es uno de los estados más seguros”.
El martes 30 de enero, casi a la medianoche varios sujetos atacaron a agentes de la Secretaría de Protección y Vialidad con armas Beretta calibre 9 mm con silenciador, a bordo de una motocicleta rápida y un automóvil de lujo como escolta.
El 1 de septiembre de 2006, el periódico Por Esto fue víctima del primer atentado con granadas de fragmentación. De dos que lanzaron varios sujetos desconocidos a esa instalaciones sólo una estalló; y aunque no causó la muerte de ningún empleado, generó psicosis entre el medio periodístico.
El diario ha denunciado reiteradamente que los hermanos del gobernador Patricio Patrón Laviada --principalmente a Alejandro--, están vinculados estrechamente con los capos de la droga y como operadores principales en el proceso de introducción de cargamentos por mar, tierra y aire.
La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso de la explosión; pero hasta la fecha no ha esclarecido el atentado ni detenido a quienes lo perpetraron. De acuerdo con la versión que hizo circular ese periódico, el narcotráfico está detrás del ataque.
El antecedente más reciente que se tiene en Yucatán sobre un ataque público es el asesinato del diputado priista Pánfilo Novelo Martín, de su hijo y su chofer, hace cinco años. La PGR atrajo las investigaciones pero hasta el momento no ha informado de su esclarecimiento.
El sábado 27 del mes pasado, aproximadamente a las 05:00 horas, varios sujetos no identificados lanzaron dos granadas de fragmentación a la estación de bomberos de Progreso. Sólo una estalló causando un boquete en el techo. Por fortuna, nadie resultó herido. Una mujer del mismo departamento de Bomberos que no se hallaba en el lugar de los hechos, fue víctima de intento de secuestro y violación, aparentemente para cubrir el escenario de la agresión. Los sujetos que perpetraron el atentado dejaron cerca del lugar una camioneta jeep, que más tarde se supo que era robada.
El martes 30 de enero, la Procuraduría de Justicia tomó conocimiento de la aparición de un sujeto que aparentemente fue ejecutado en su propio automóvil. La policía no halló alguna bala y presumió que fue ahorcado y luego quemado; una especie de venganza, en un paraje solitario de la carretera Chalmuch, comisaría de Mérida. El sujeto aún sigue en calidad de desconocido, aunque se sospecha de que se trata de un hombre que desapareció en días pasados y cuyo vehículo, un Stratus colo champagne, no ha sido localizado.
Entre tanto, la granada que estalló el sábado obligó a la PGR y al Ejército a patrullar la zona de Progreso y también las áreas estratégicas de combustible y energía en Yucatán, a través de sobre vuelos aéreos y movilización terrestres con equipo especializado de contrainsurgencia y combate al narcotráfico.
De acuerdo con el informe más reciente de las autoridades, los atacantes utilizaron una granada de demolición tipo M61, de fabricación estadunidense, que fácilmente pudo derribar por completo la Base Pescador de la SPV, y prácticamente sepultar a los cuatro bomberos y ocho agentes de la policía estatal que descansaban en el sitio.
Por si fuera poco, ese mismo martes, casi a la medianoche, un policía de Protección y Vialidad fue baleado en la colonia Amalia Solórzano, en el oriente de la ciudad. El agente, que hacía guardia a bordo de una patrulla estacionada, recibió dos balazos que lo hirieron de gravedad.
Dos presuntos agresores fueron detenidos, cuando la motocicleta en que escapaban derrapó a pocos metros de la patrulla del agente herido, la cual recibió numerosos impactos de bala. Un tercer agresor seguía prófugo y su búsqueda motivó una impresionante operación de la SPV.
Los hechos ocurrieron a las 11:30 de la noche, cuando el agente se encontraba estacionado sobre el periférico, a unos metros del entronque con la carretera a Tixkokob.
La primera versión que difundió la PGJ es que se trató de “pandilleros” que momentos antes del atentado eran buscados por la SPV.
Los motociclistas se dieron a la fuga, pero al cruzar hacia la lateral del periférico la moto derrapó y los sujetos huyeron a pie, pero fueron perseguidos por los elementos de la SPV, corrieron por la calle 19 de la colonia Amalia Solórzano y se introdujeron a un terreno baldío que se encuentra en la calle 10-A, en donde se escondieron y abandonaron dos pistolas con silenciador, tres cargadores y ropas de color negro.
Los tripulantes del Ford también huyeron y abandonaron el automóvil a las puertas del Seven Eleven que se encuentra a un costado de la gasolinera del entronque de San Pedro Nopat y la carretera a Valladolid.
Los uniformados que acordonaron la calle 10-A revisaron casa por casa y se subieron a los techos para verificar que no había más prófugos.
El policía herido fue conducido al Centro Médico Nacional del Seguro Social “Ignacio García Téllez” y, al parecer, se encuentra estable.
Alarmante avance del narcotráfico
De acuerdo con versiones de la policía, el comercio de drogas en el estado creció 1,500% en los últimos cinco años.
La denuncia por el comercio de estupefacientes en Yucatán se disparó en más de mil 500 por ciento, según datos estadísticos de la Procuraduría General de la República (PGR) al cierre del 2006.
La cercanía del estado con entidades como Quintana Roo y Campeche, donde se han detectado estructuras organizadas para el paso de la droga rumbo a Estados Unidos, ha puesto en alerta al gobierno estatal y al sector empresarial.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCEY), Mario Martínez Laviada, sugirió a los diversos candidatos a la gubernatura que incluyan en sus plataformas de trabajo un proyecto de reforzamiento de la seguridad pública, para evitar que el narcotráfico se apodere de la entidad.
Así mismo, agregó que Patrón Laviada debe realizar una reestructuración de las fuerzas públicas para heredar a su sucesor corporaciones confiables en la lucha contra el narcotráfico.
"En los últimos cinco años he visto que se ha incrementado el índice de movimiento de droga en el país y hay incluso violencia extrema que antes no había entre gente que pertenece al crimen organizado y que se convierte en un problema y peligro para la sociedad en general", comentó.
"Las plataformas de todos los partidos, rumbo a la elección estatal, son conocidas por la gente, pero hace falta incluir más el proyecto de seguridad, ya que a, cualquiera de los candidatos que resulte electo, le exigiremos que cumpla los compromisos que haga en campaña y garantice la estabilidad social", sentenció.
Del año 2001 al tercer trimestre del 2006, los datos existentes sobre delitos contra la salud mostraban una tendencia a la alza en el tráfico, comercio, transporte y producción de drogas, al igual que en los casos de consumo y tráfico de estupefacientes.
"Hemos visto que, en el caso de Quintana Roo, hay una problemática importante, pues se ve que hay movimientos fuertes de narcotráfico y, aunque creo que no es el caso de Yucatán, sí es importante que nos mantengamos alerta, porque en cualquier momento nos puede pasar", advirtió el empresario yucateco Martínez Laviada.
"Si bajamos la guardia es posible que nos contaminemos, por eso hay que estar muy atentos, pues aunque en términos
En relación con delitos del fuero federal, en Yucatán los crímenes vinculados con el tráfico y consumo de drogas representan el 40 por ciento de los casos atendidos por la delegación de la PGR.
Más consumidores
En septiembre pasado, el presidente de la Sociedad Nacional de Criminología (SNC), Luis Rodríguez Manzanero, denunció que la Península de Yucatán sirve de paso a los narcotraficantes, pero corre el riesgo de que se establezca un gran mercado de consumidores en esta entidad, así como en Campeche.
Durante un foro para tratar el tema de delincuencia en el país, el especialista de la SCN mencionó que "los movimientos del narcotráfico deben ser atendidos por las autoridades, principalmente en el nivel del narcomenudeo, que es el caso de Yucatán, mientras que en ciudades como Cancún, el problema es más grave, ya que se dan enfrentamientos violentos que pueden desbordarse".
El 7 de diciembre del 2004, más de 30 elementos del Ejército pertenecientes al XI Batallón de Infantería y cinco elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) provenientes de la Ciudad de México realizaron un cateo al domicilio 394 del Fraccionamiento Montebello, en Mérida.
El operativo relacionado con el narcotráfico y un caso de ejecución de agentes de la AFI en el Estado de Quintana Roo fueron de los primeros indicios del asentamiento de capos de la droga y distribuidores menores que podrían dirigir el movimiento de estupefacientes desde Yucatán.
El miércoles 31 de enero, agentes de inteligencia militar revelaron que en Yucatán el grupo conocido como “Los Zetas” intentan tomar la plaza e intimidan a los narcomenudistas que están coludidos con agentes de la policía estatal.
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