isaín mandujano
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno del presidente Felipe Calderón esclarecer los asesinatos de periodistas en México.
Con la impunidad se propicia tanto la ocurrencia de nuevos asesinatos como situaciones de autocensura, debido a la falta de garantía del derecho a la vida y a la libertad de expresión, señaló el organismo.
En el informe que emite periódicamente la Relatoría Especial, su titular, el venezolano Ignacio Álvarez dio a conocer que de todo el 2006, el cuarto trimestre fue el más trágico para la libertad de expresión en el hemisferio americano, pues tan sólo en México seis periodistas fueron asesinados y uno desaparecido.
Álvarez expresó su inquietud por la vulnerabilidad que afecta a los periodistas en la región, por lo que las declaraciones de voluntad política de los gobernantes son importantes “pero no suficientes”.
Se debe emprender acciones efectivas que impliquen en la práctica la imposición de sanciones a los autores materiales e intelectuales de tales crímenes. “Cuando un periodista es asesinado o agredido se afecta no sólo a la víctima, sino a toda la sociedad”, dijo Álvarez.
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2006, seis periodistas fueron asesinados en México por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la actividad periodística; otro más se encuentra en calidad de desaparecido.
“La Relatoría Especial se encuentra alarmada por la extrema vulnerabilidad de los periodistas y las periodistas en México. En el cuarto trimestre de 2006, especialmente trágico, fueron asesinados los periodistas Brad Will, Misael Tamayo Hernández, José Manuel Nava Sánchez, Roberto Marcos García, Adolfo Sánchez Guzmán y Raúl Marcial Pérez, y desapareció el periodista José Antonio García Apac”, dice el informe.
Ignacio Álvarez instó al gobierno del presidente Felipe Calderón “a otorgar máxima prioridad” para tanto éstos como otros asesinatos ocurridos en periodos anteriores no queden en la impunidad.
La Relatoría Especial destacó asimismo las consecuencias perjudiciales para la libertad de expresión que generan las presiones ejercidas por algunos gobiernos nacionales o locales en los medios de comunicación en relación con su línea editorial en general, o con la línea específica de algunos programas, a través de mecanismos tales como amenazas y asignación discriminatoria de la publicidad oficial.
En el informe se dice que, además de afectar la libertad de expresión de los propios medios y del público en general, se afecta también con ello la de periodistas, a través de acciones tales como el cierre de programas, despidos o renuncias forzadas.
Durante el periodo analizado se suspendió la emisión de programas y hubo periodistas que fueron objeto de despidos o renuncias forzadas por presiones a los medios, señaló el venezolano.
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