sara lovera lópez
Mientras el despliegue de policías y militares se extiende por todo el país, en un simulacro que alarma y que nos está llevando a una situación extraordinaria y poco clara, la violencia contra las mujeres es incontenible.
Ésta es invisible para el grupo que administra el gobierno de México. Los recursos invertidos para invadir de militares creció en 30 por ciento, mientras disminuyen los recursos para atender la violencia de pareja y la que cobra la vida de las mujeres en todos los espacios de México.
Ayer leí alarmada que, durante 2006, fueron asesinadas en el estado de Guanajuato 24 mujeres, según informó a un diario local la Procuraduría de Justicia de esa entidad. Relata el periódico que María Clara Zavala, de 40 años, apareció muerta de un tiro en la cabeza. Fue identificada como trabajadora de una empresa maquiladora de productos textiles, y su asesinato se consideró como el primero del año ligado al feminicidio.
Paralelamente, la Comisión Independiente de los Derechos Humanos del estado de Morelos denunció a otro diario local que, durante 2007, ya han sido perpetrados 4 homicidios contra las mujeres. Dos de éstos de niñas, con mutilaciones y signos de abuso sexual. La comisión asegura que, mientras esto sucede, entre las autoridades del gobierno se sigue escamoteando el reconocimiento del problema de la violencia contra las mujeres.
La investigación es lenta y se pretende afirmar que los dos cuerpos aparecidos en la carretera son de otra entidad. Por eso no actúa la Fiscalía Especial del estado. Y nadie protesta.
Parece que ningún dato, estadística, influye en la sensibilidad de quienes administran las dependencias gubernamentales vigentes. Dedicado el grupo gobernante a la publicidad y a la afirmación de que en México ya hay seguridad, olvidan los verdaderos problemas que, en este caso, cobran día a día la vida de las mexicanas.
A pesar de que el Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, hace 32 días, y que debiera promulgarse en los 10 siguientes, el señor Felipe Calderón, quien ostenta el cargo de presidente de la República, no ha tenido tiempo de firmarla.
De hecho está violentando la ley y faltando a su responsabilidad.
Es decir, no existe la voluntad política para frenar la violencia contra las mujeres. No es importante para esta administración bajo sospecha lo que sucede, más allá de cualquier información casuística, sino que el homicidio contra las mujeres es un hecho demostrado en una investigación empírica, profesional y publicada por la Cámara de Diputados.
No es suficiente que el partido político que respalda al grupo en el poder haya realizado las encuestas, donde se demuestra el tamaño del problema. Al contrario, le da todo el respaldo a la impunidad.
Mientras aumenta el salario a los militares, recorta los fondos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, tanto en el presupuesto federal como en los presupuestos estatales.
De visita en Colima, se ha podido comprobar que el Congreso estatal recortó en 50 por ciento los recursos del CAM, el centro emblemático de apoyo a las mujeres violentadas que, en 1983, dio el banderazo de salida a la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
En este caso, es obvio que los congresistas locales, de todos los partidos políticos, futuros gobernantes, exgobernantes y políticos en general, también son omisos e insensibles.
Los niveles de impunidad se extienden a miles de casos. La camarilla gobernante sigue negando la violación a los derechos humanos de las mujeres ultrajadas en su detención en Atenco, hace casi un año; desconoce las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de 3 indias tzeltales violadas por militares en 1994 en Altamirano, Chiapas; no ha esclarecido la violación de dos campesinas de Barranca de Bejuco, en Guerrero, y ahora encubre la violación de 13 mujeres en Castaños, Coahuila, puesto que las abogadas que presentaron la denuncia están amenazadas.
De todo eso, el señor Felipe Calderón no se entera: los policías siguen libres, los militares no han sido apresados y en Coahuila sólo algunos responsables, no todos, ni los principales, han sido puestos en prisión.
En fin, que estos problemas no son del interés de la administración, instalada sospechosamente.
Mientras el despliegue de policías y militares se extiende por todo el país, en un simulacro que alarma y que nos está llevando a una situación extraordinaria y poco clara, la violencia contra las mujeres es incontenible.
Ésta es invisible para el grupo que administra el gobierno de México. Los recursos invertidos para invadir de militares creció en 30 por ciento, mientras disminuyen los recursos para atender la violencia de pareja y la que cobra la vida de las mujeres en todos los espacios de México.
Ayer leí alarmada que, durante 2006, fueron asesinadas en el estado de Guanajuato 24 mujeres, según informó a un diario local la Procuraduría de Justicia de esa entidad. Relata el periódico que María Clara Zavala, de 40 años, apareció muerta de un tiro en la cabeza. Fue identificada como trabajadora de una empresa maquiladora de productos textiles, y su asesinato se consideró como el primero del año ligado al feminicidio.
Paralelamente, la Comisión Independiente de los Derechos Humanos del estado de Morelos denunció a otro diario local que, durante 2007, ya han sido perpetrados 4 homicidios contra las mujeres. Dos de éstos de niñas, con mutilaciones y signos de abuso sexual. La comisión asegura que, mientras esto sucede, entre las autoridades del gobierno se sigue escamoteando el reconocimiento del problema de la violencia contra las mujeres.
La investigación es lenta y se pretende afirmar que los dos cuerpos aparecidos en la carretera son de otra entidad. Por eso no actúa la Fiscalía Especial del estado. Y nadie protesta.
Parece que ningún dato, estadística, influye en la sensibilidad de quienes administran las dependencias gubernamentales vigentes. Dedicado el grupo gobernante a la publicidad y a la afirmación de que en México ya hay seguridad, olvidan los verdaderos problemas que, en este caso, cobran día a día la vida de las mexicanas.
A pesar de que el Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, hace 32 días, y que debiera promulgarse en los 10 siguientes, el señor Felipe Calderón, quien ostenta el cargo de presidente de la República, no ha tenido tiempo de firmarla.
De hecho está violentando la ley y faltando a su responsabilidad.
Es decir, no existe la voluntad política para frenar la violencia contra las mujeres. No es importante para esta administración bajo sospecha lo que sucede, más allá de cualquier información casuística, sino que el homicidio contra las mujeres es un hecho demostrado en una investigación empírica, profesional y publicada por la Cámara de Diputados.
No es suficiente que el partido político que respalda al grupo en el poder haya realizado las encuestas, donde se demuestra el tamaño del problema. Al contrario, le da todo el respaldo a la impunidad.
Mientras aumenta el salario a los militares, recorta los fondos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, tanto en el presupuesto federal como en los presupuestos estatales.
De visita en Colima, se ha podido comprobar que el Congreso estatal recortó en 50 por ciento los recursos del CAM, el centro emblemático de apoyo a las mujeres violentadas que, en 1983, dio el banderazo de salida a la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
En este caso, es obvio que los congresistas locales, de todos los partidos políticos, futuros gobernantes, exgobernantes y políticos en general, también son omisos e insensibles.
Los niveles de impunidad se extienden a miles de casos. La camarilla gobernante sigue negando la violación a los derechos humanos de las mujeres ultrajadas en su detención en Atenco, hace casi un año; desconoce las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de 3 indias tzeltales violadas por militares en 1994 en Altamirano, Chiapas; no ha esclarecido la violación de dos campesinas de Barranca de Bejuco, en Guerrero, y ahora encubre la violación de 13 mujeres en Castaños, Coahuila, puesto que las abogadas que presentaron la denuncia están amenazadas.
De todo eso, el señor Felipe Calderón no se entera: los policías siguen libres, los militares no han sido apresados y en Coahuila sólo algunos responsables, no todos, ni los principales, han sido puestos en prisión.
En fin, que estos problemas no son del interés de la administración, instalada sospechosamente.
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