Por Enrique Kato Vidal*
Para dimensionar la gravedad de los incrementos a los productos de la canasta básica debemos observar los efectos adversos que se registran en los ingresos de las familias, para lo cual tomaremos la información acerca de los ingresos que perciben los trabajadores y qué cantidades se destinan para la alimentación.
Una categoría económica que nos servirá como base para el análisis es el salario mínimo, que cada año toma un espacio en los medios de comunicación para que se informe a cuanto ascenderá. A partir del 1º de enero de este año y seguramente hasta el último día de este 2007, lo que se estableció en las altas esferas del medio político como salario mínimo a nivel nacional son $48.88 diarios. Durante el año 2000 el monto vigente fue de $35.12, esto equivale a un incremento de $13.76 a lo largo de un sexenio.
Para nadie pasa desapercibido que este mini aumento al salario es una afrenta a la mayor parte de la población. La información disponible nos refiere que México tiene una clase trabajadora de cerca de 34 millones de personas. La mitad de estos trabajadores perciben al mes no más de dos salarios mínimos, equivalentes a $2,900 pesos mensuales. Si consideramos ahora aquellos trabajadores con menos de tres salarios mínimos ($4,400 pesos/mes) encontramos que representan 69 de cada 100 trabajadores. Estos ingresos marcan la fuerte desigualdad que prevalece en la sociedad mexicana. Así mismo, se manifiestan las dificultades para cubrir las necesidades mínimas de una familia.
Para los economistas es conocido que entre mayor ingreso posea una familia menor será la proporción que se destine al gasto en alimentos. Esta aseveración se cumple en la actualidad. De esta manera, los más pobres en México utilizan de cada diez pesos de su ingreso cinco para proveerse de alimentos. En el extremo opuesto, las familias con más altos ingresos, de acuerdo a información oficial, destinan solo tres pesos de cada diez que reciben como ingresos. Es así que los siete pesos restantes en las familias de altos ingresos, los utilizan para atender otro tipo de necesidades distintas a la alimentación. En específico podemos comparar los niveles de gasto del 30% de hogares pobres en comparación al 30% de los hogares de ingresos altos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto del INEGI.
Al mes un hogar pobre en promedio tiene ingresos por $2,673 pesos de los cuales $1,375 se destinan a la alimentación; y por su parte, un hogar de altos ingresos, digamos, de unos $13,594 mensuales, les corresponde a los alimentos $3,626 pesos.
Entonces, no solo estamos en una situación donde las clases sociales de menores ingresos disponen de menores recursos monetarios para satisfacer sus necesidades esenciales sino también el que mes a mes padecen en forma diferente el encarecimiento de la canasta básica, en otras palabras, una creciente pérdida del poder de compra, en las familias de los trabajadores que son los de menores ingresos crea lo que conocemos como pobreza alimentaria.
Una política pública acertada, debería promover un crecimiento de los sueldos y salarios por encima de los precios de las mercancías de la canasta básica de las clases trabajadoras para mejorar el nivel de vida de estos sectores de la población y reducir las inequidades de nuestra sociedad. Sin embargo, en la realidad es lo contrario; el crecimiento de los precios de la canasta que adquieren las familias más pobres crece un 13% más rápido que los precios de los productos destinados a las familias de altos ingresos, entre 2004-2006. Inclusive las estadísticas permiten calcular el crecimiento de los precios el cual se desarrolla más en los productos alimenticios que en otro tipo de bien. Esta evidencia no es un asunto transitorio, es una tendencia que hemos experimentado a lo largo de los últimos años. Las proclamas gubernamentales de estabilidad económica, macroeconómica, de bajos niveles de inflación, es solo una realidad de la que se benefician los sectores de la población con mayores ingresos. Para las clases trabajadoras la realidad existente es un salario ínfimo y un crecimiento exacerbado de precios que deterioran el nivel de vida de la mayor parte de la sociedad mexicana.
Por eso es más que justo luchar por la defensa de la economía popular y por la recuperación del poder de compra de los salarios.
* Taller de Economía Social y Políticas Públicas de la Facultad de Economía, UNAM.
Contacto: tesypp@yahoo.com.mx
Para dimensionar la gravedad de los incrementos a los productos de la canasta básica debemos observar los efectos adversos que se registran en los ingresos de las familias, para lo cual tomaremos la información acerca de los ingresos que perciben los trabajadores y qué cantidades se destinan para la alimentación.
Una categoría económica que nos servirá como base para el análisis es el salario mínimo, que cada año toma un espacio en los medios de comunicación para que se informe a cuanto ascenderá. A partir del 1º de enero de este año y seguramente hasta el último día de este 2007, lo que se estableció en las altas esferas del medio político como salario mínimo a nivel nacional son $48.88 diarios. Durante el año 2000 el monto vigente fue de $35.12, esto equivale a un incremento de $13.76 a lo largo de un sexenio.
Para nadie pasa desapercibido que este mini aumento al salario es una afrenta a la mayor parte de la población. La información disponible nos refiere que México tiene una clase trabajadora de cerca de 34 millones de personas. La mitad de estos trabajadores perciben al mes no más de dos salarios mínimos, equivalentes a $2,900 pesos mensuales. Si consideramos ahora aquellos trabajadores con menos de tres salarios mínimos ($4,400 pesos/mes) encontramos que representan 69 de cada 100 trabajadores. Estos ingresos marcan la fuerte desigualdad que prevalece en la sociedad mexicana. Así mismo, se manifiestan las dificultades para cubrir las necesidades mínimas de una familia.
Para los economistas es conocido que entre mayor ingreso posea una familia menor será la proporción que se destine al gasto en alimentos. Esta aseveración se cumple en la actualidad. De esta manera, los más pobres en México utilizan de cada diez pesos de su ingreso cinco para proveerse de alimentos. En el extremo opuesto, las familias con más altos ingresos, de acuerdo a información oficial, destinan solo tres pesos de cada diez que reciben como ingresos. Es así que los siete pesos restantes en las familias de altos ingresos, los utilizan para atender otro tipo de necesidades distintas a la alimentación. En específico podemos comparar los niveles de gasto del 30% de hogares pobres en comparación al 30% de los hogares de ingresos altos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto del INEGI.
Al mes un hogar pobre en promedio tiene ingresos por $2,673 pesos de los cuales $1,375 se destinan a la alimentación; y por su parte, un hogar de altos ingresos, digamos, de unos $13,594 mensuales, les corresponde a los alimentos $3,626 pesos.
Entonces, no solo estamos en una situación donde las clases sociales de menores ingresos disponen de menores recursos monetarios para satisfacer sus necesidades esenciales sino también el que mes a mes padecen en forma diferente el encarecimiento de la canasta básica, en otras palabras, una creciente pérdida del poder de compra, en las familias de los trabajadores que son los de menores ingresos crea lo que conocemos como pobreza alimentaria.
Una política pública acertada, debería promover un crecimiento de los sueldos y salarios por encima de los precios de las mercancías de la canasta básica de las clases trabajadoras para mejorar el nivel de vida de estos sectores de la población y reducir las inequidades de nuestra sociedad. Sin embargo, en la realidad es lo contrario; el crecimiento de los precios de la canasta que adquieren las familias más pobres crece un 13% más rápido que los precios de los productos destinados a las familias de altos ingresos, entre 2004-2006. Inclusive las estadísticas permiten calcular el crecimiento de los precios el cual se desarrolla más en los productos alimenticios que en otro tipo de bien. Esta evidencia no es un asunto transitorio, es una tendencia que hemos experimentado a lo largo de los últimos años. Las proclamas gubernamentales de estabilidad económica, macroeconómica, de bajos niveles de inflación, es solo una realidad de la que se benefician los sectores de la población con mayores ingresos. Para las clases trabajadoras la realidad existente es un salario ínfimo y un crecimiento exacerbado de precios que deterioran el nivel de vida de la mayor parte de la sociedad mexicana.
Por eso es más que justo luchar por la defensa de la economía popular y por la recuperación del poder de compra de los salarios.
* Taller de Economía Social y Políticas Públicas de la Facultad de Economía, UNAM.
Contacto: tesypp@yahoo.com.mx
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