josé gil olmos
México, D.F., 24 de enero (apro).- El problema de Oaxaca, cuya causa esencial es el gobernador priista Ulises Ruiz, es el conflicto mexicano que mayor número de demandas y recomendaciones nacionales e internacionales ha tenido en la última década. A pesar de ello, como dicen los propios oaxaqueños, no pasa nada.
La Comisión de de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la comisión internacional de observadores, son algunas de las instancias que han comprobado una grave violación de los derechos humanos en esa entidad por parte de las autoridades estatales y federales. Habría que añadir a esta lista las denuncias que han hecho la Red Mexicana de Organizaciones de Derechos Humanos y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Desde Chiapas ningún otro conflicto había provocado tantas reacciones internacionales como el caso de Oaxaca. El asesinato, tortura, persecución, desapariciones y detención arbitraria de miembros y simpatizantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) forman la lista de agresiones de las que se acusan a miembros de las policías estatal y federal, así como a integrantes del Ejército.
Apenas el fin de semana pasado, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) que ha visitado México en varias ocasiones desde 1998 para observar el caso de Acteal, en esta ocasión presentó un extenso informe de observaciones y recomendaciones sobre el conflicto de Oaxaca, luego de haber realizado 420 entrevistas durante un mes con actores del conflicto, incluido autoridades, presos, agrupaciones y sectores involucrados.
En dicho informe se señalan graves violaciones a los derechos humanos como no se veían desde la llamada "guerra sucia" de la década de los setenta: actuación de grupos civiles amparados por las autoridades estatal y federal –paramilitares o parapolicías- -; detención arbitraria de civiles en sus propias casas; persecución por cuestiones políticas e ideológicas; anulación de derechos procesales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales firmado por México a los detenidos; violación a hombres y mujeres; tortura física y sicológica; amenazas de ser lanzados desde el helicóptero, y desapariciones.
En conjunto, lo que las agrupaciones nacionales e internacionales han denunciado es algo muy grave: el terrorismo de estado, definido éste como la implementació n de una estrategia jurídica, política, militar y policiaca en contra de un movimiento social, con la única intención de eliminarlo.
La situación en Oaxaca es tan preocupante que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado, a través de esta instancia civil de observadores, que se instale una oficina permanente en ese estado, a fin de tener una labor de observación estrecha del conflicto.
El gobierno mexicano no puede desestimar las observaciones y recomendaciones que han hecho tanto los organismos internacionales ya reconocidos como las instancias civiles, como la CCIODH sobre lo que ha ocurrido y sigue pasando en Oaxaca, pues se trata de una estrategia de represión y persecución de movimientos populares, que comenzó a implementarse en Chiapas en 1996 con las llamadas BOM, que era una agrupación integrada por militares y agentes de la policía de los tres niveles de gobierno, utilizadas para reprimir comunidades de base del EZLN.
Durante toda una década, estas agrupaciones han sido utilizadas en distintos momentos para reprimir movimientos, entre ellos el de los campesinos de Atenco, los mineros en Lázaro Cárdenas y ahora en contra de los miembros y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Uno de los aspectos que más preocupa es la notoria y progresiva violencia con la que han actuado los agentes policiacos, algunos de ellos de la Policía Federal Preventiva (PFP), que son soldados desplazados a esta agrupación.
A la práctica de la tortura física y psicológica como las amenazas de ser lanzados desde helicópteros al mar, se suman actos de violación sexual no sólo contra mujeres, sino también contra hombres que han simpatizado con alguno de los movimientos sociales.
Estos hechos producen terror entre los activistas y en la sociedad en general, terror de seguir participando en un movimiento popular, terror para denunciar las vejaciones de que han sido objeto, terror para denunciar la desaparición de familiares.
Frente a estos hechos que se han denunciado en la opinión pública nacional e internacional, el gobierno de Vicente Fox y ahora el de Felipe Calderón han tomado una actitud de displicencia. Y no se diga de los gobernadores en turno como el de Oaxaca, que incluso se ha atrevido a declarar que hay paz y tranquilidad en el estado, gracias al uso de la fuerza.
Pero quizá lo más preocupante sea que la sociedad mexicana en su conjunto no se asombre frente a estos actos de terror, frente al asesinato, la represión, las desapariciones y violaciones sexuales cometidas en contra de grupos sociales que demandan mejores condiciones de vida.
