Por Eduardo Ibarra Aguirre
“ Guacho , no puedes ingresar al Ejército. Tienes sida”. Tales fueron las palabras que emitió el médico del Hospital Militar y que estremecieron al exintegrante de Guardias Presidenciales que después de pasar por la base de Temamatla --para “irle a romper la madre a ese culero de Marcos y a los pinches indios que lo acompañan”--, abandonó el Ejército y el 11 de septiembre de 2001 escuchó el primero de los incendiarios discursos de George W. Bush tras el derribo de las Torres Gemelas, y volvió “a entrarle el gusano de alistarse nuevamente en el Ejército porque ahora sí va a haber madrazos”.
El anterior fue el primer testimonio de un soldado con virus de inmunodeficiencia humana que fue dado de baja del Ejército y que publicó la revista Forum , bajo la pluma de Gustavo González López , en el número 108 de febrero de 2002.
Hasta entonces los altos mandos de las fuerzas armadas manejaban el problema de salud pública, dentro de sus filas, en la más completa secrecía y aplicando las decimonónicas normas del Código de Honor Militar.
Cuando ya no pudieron ocultar el sol a través de una orden, procedieron a reformar la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas e institucionalizaron la discriminación en los incisos 82 y 83 que autorizan al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea a dar de baja automáticamente a los infectados con VIH, por considerar que son inútiles para desempeñarse en el servicio de las armas, prejuzgando además que se contagiaron fuera de los ámbitos del trabajo y privando de atención médica, medicinas y pensión a quienes no cuentan con 20 años de antigüedad.
Esta aberración que nulifica el párrafo tercero del artículo primero de la Carta Magna y el artículo cuarto de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación , la aprobaron unánimemente los diputados y senadores, y entró en vigor el 9 de julio de 2003, en pleno gobierno del cambio (en reversa), al publicarse en El Diario Oficial de la Federación .
González López no consiguió para su reportaje un solo nombre de los contagiados, ni de los declarantes a nombre de organismos civiles defensores de los derechos humanos, ni siquiera del “especialista que da tratamiento a cinco exmarinos con VIH/sida –dados de baja al detectárseles el virus-- (y que) acepta hablar a cambio de no publicar su nombre”.
El temor que aún provoca el alto mando, la institución misma y que muy poco tiene que ver con el publicitado respeto que presumiblemente le guarda la población, como discursean con amenazante frecuencia Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Guillermo Galván Galván , no logró inhibir a 11 soldados y marinos que hace dos años interpusieron amparos ante la ley que convirtió la discriminación en institucional.
El problema es mucho mayor. De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación , que preside Gilberto Rincón Gallardo y Meltis , se han registrado 249 casos de VIH en el Ejército, 278 en la Marina y 110 en la Fuerza Aérea. Todos han sido dados de baja. En el tercer caso la proporción es altísima para el número de sus integrantes.
Las voces que se pronuncian contra este tipo de prácticas castrenses discriminatorias son múltiples y diversas. Sólo a titulo de ejemplo menciono a la Conapred y su Consejo Consultivo que advierten que los portadores del virus “no representan ningún riesgo para la colectividad y pueden desempeñar cualquier actividad laboral para la que estén capacitados”. Y no se diga el rechazo categórico a la tesis “de la inutilidad” de parte del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida.
En tanto, el divisionario Galván ostenta cotidianamente el apoyo del Ejército a Calderón , lo que es su obligación y por tanto no se presume, y proclama la legitimidad presidencial del michoacano, lo que no le compete, aun cuando se trate de su jefe.
“ Guacho , no puedes ingresar al Ejército. Tienes sida”. Tales fueron las palabras que emitió el médico del Hospital Militar y que estremecieron al exintegrante de Guardias Presidenciales que después de pasar por la base de Temamatla --para “irle a romper la madre a ese culero de Marcos y a los pinches indios que lo acompañan”--, abandonó el Ejército y el 11 de septiembre de 2001 escuchó el primero de los incendiarios discursos de George W. Bush tras el derribo de las Torres Gemelas, y volvió “a entrarle el gusano de alistarse nuevamente en el Ejército porque ahora sí va a haber madrazos”.
El anterior fue el primer testimonio de un soldado con virus de inmunodeficiencia humana que fue dado de baja del Ejército y que publicó la revista Forum , bajo la pluma de Gustavo González López , en el número 108 de febrero de 2002.
Hasta entonces los altos mandos de las fuerzas armadas manejaban el problema de salud pública, dentro de sus filas, en la más completa secrecía y aplicando las decimonónicas normas del Código de Honor Militar.
Cuando ya no pudieron ocultar el sol a través de una orden, procedieron a reformar la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas e institucionalizaron la discriminación en los incisos 82 y 83 que autorizan al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea a dar de baja automáticamente a los infectados con VIH, por considerar que son inútiles para desempeñarse en el servicio de las armas, prejuzgando además que se contagiaron fuera de los ámbitos del trabajo y privando de atención médica, medicinas y pensión a quienes no cuentan con 20 años de antigüedad.
Esta aberración que nulifica el párrafo tercero del artículo primero de la Carta Magna y el artículo cuarto de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación , la aprobaron unánimemente los diputados y senadores, y entró en vigor el 9 de julio de 2003, en pleno gobierno del cambio (en reversa), al publicarse en El Diario Oficial de la Federación .
González López no consiguió para su reportaje un solo nombre de los contagiados, ni de los declarantes a nombre de organismos civiles defensores de los derechos humanos, ni siquiera del “especialista que da tratamiento a cinco exmarinos con VIH/sida –dados de baja al detectárseles el virus-- (y que) acepta hablar a cambio de no publicar su nombre”.
El temor que aún provoca el alto mando, la institución misma y que muy poco tiene que ver con el publicitado respeto que presumiblemente le guarda la población, como discursean con amenazante frecuencia Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Guillermo Galván Galván , no logró inhibir a 11 soldados y marinos que hace dos años interpusieron amparos ante la ley que convirtió la discriminación en institucional.
El problema es mucho mayor. De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación , que preside Gilberto Rincón Gallardo y Meltis , se han registrado 249 casos de VIH en el Ejército, 278 en la Marina y 110 en la Fuerza Aérea. Todos han sido dados de baja. En el tercer caso la proporción es altísima para el número de sus integrantes.
Las voces que se pronuncian contra este tipo de prácticas castrenses discriminatorias son múltiples y diversas. Sólo a titulo de ejemplo menciono a la Conapred y su Consejo Consultivo que advierten que los portadores del virus “no representan ningún riesgo para la colectividad y pueden desempeñar cualquier actividad laboral para la que estén capacitados”. Y no se diga el rechazo categórico a la tesis “de la inutilidad” de parte del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida.
En tanto, el divisionario Galván ostenta cotidianamente el apoyo del Ejército a Calderón , lo que es su obligación y por tanto no se presume, y proclama la legitimidad presidencial del michoacano, lo que no le compete, aun cuando se trate de su jefe.
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