El trato abusivo a nuestro pueblo llega al absurdo total de querer ganar simpatizantes aun a costa de la salud de estos. Esto es un delito marcado por las corruptelas de algunos pocos y esto solo demuestra el desprecio que tienen algunos de la clase política a la ciudadania. Castigo a los culpables ante este crimen.
De Proceso
 |
Patricio Chirinos |
regina martínez Jalapa, Ver., 5 de marzo (apro).- Colonos del fraccionamiento Santa Isabel, de Coatzacoalcos, denunciaron que las viviendas que compraron hace 13 años a través del Instituto Veracruzano de Desarrollo de la Vivienda (Idere) fueron construidas con material de desecho contaminado y que fueron víctimas de un fraude promovido por el gobierno del estado, encabezado entonces por Patricio Chirinos.
El gobierno de Chirinos ofreció que las viviendas serían de concreto, pero más de 400 propietarios se percataron de que fueron construidas con un material de desecho ya reciclado, denominado Plisen. Es decir, afirmó Luis Rodríguez Pérez, representante legal del grupo social Santa Isabel, "son casas prefabricadas que ya se están cuarteando y los techos cayendo”, además de que están provocando enfermedades entre los moradores.
Rodríguez Pérez agregó que las viviendas fueron entregadas tres años después de que los compradores –familias de escasos recursos-- pagaron el enganche.
Recordó que el 5 de noviembre de 1994, cuando se dio posesión de la vivienda a los propietarios, las autoridades no los dejaron revisar el contrato de compra venta bajo el argumento de que había mucha gente esperando concluir los trámites. “Desde ahí empezó el fraude, pero como era mucha nuestra necesidad no le dimos importancia", admitió el representante legal.
En las negociaciones con los funcionarios del Idere, bajo la dirección de Manuel Abonce Ferrandón, afirmó, "se nos aseguró que las casas serían construidas con material, es decir, con cemento y concreto", sin embargo, "los pequeños departamentos eran prefabricados".
La necesidad de estas 400 familias para contar con un patrimonio familiar, dijo, "generó que ingenuamente la gente cayera en ese fraude", ya que inicialmente el costo de la vivienda sería de casi 50 mil pesos y los pagos mensuales de 350 pesos, según quedó gravado en el Registro Público de la Propiedad.
No se les dijo que los créditos otorgados, a través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), se tasaron de acuerdo con la inflación, basados en los salarios mínimos, por lo que, un mes después, con la devaluación de diciembre de 1994, "los precios se duplicaron y han ido aumentado, resultando ya impagable a la fecha".
A inicios de la década de los noventa, mencionó, el entonces director del Idere, Abonce Ferrandón, a través de “prestanombres” como Octavio L. Mijares, fundo la empresa Constructora Focus, S.A. de C.V., "la cual fue la encargada de construir las casas en el fraccionamiento y tan pronto terminaron, desapareció del mercado".
Lo más grave de este asunto, subrayó, "es que con el tiempo el techo de las casas empezó a desmoronarse, a desprender un polvo que cae en el interior de las viviendas", aunado al material reciclado utilizado en la construcción, "brotaron varias enfermedades en la piel de las personas"; además niños y jóvenes, empezaron a sufrir de asma, alergias, rinitis y hasta algún tipo de cáncer.
Rodríguez Pérez afirmó que al problema de la contaminación se sumó el pago del crédito, ya que de los 362 pesos establecidos subió a 800 pesos cada mes. "Empezamos a pedir que vinieran a realizar una evaluación de las casas, de los materiales y sobre el costo real, porque ya no podíamos pagar las mensualidades", pero nadie hizo caso.
Como medida de presión los colonos empezaron a depositar sus pagos en un tribunal del Distrito Federal. "Lo hicimos durante tres años para tratar de buscar un arreglo extrajudicial, pero nunca nos hicieron caso y Fonhapo decía que teníamos que pagar, ya que la construcción la hizo el Idere".
"Los funcionarios de Fonhapo nos dijeron que la construcción de las casas era responsabilidad del gobierno del estado y de la constructora, pero esta ya no existe, por lo que nosotros alegamos que como financiera debió haber visto que el proyecto no era el mismo al que promovieron", explicó.
Aunque trataron de buscar el apoyo presidencial, primero con Ernesto Zedillo y luego con Vicente Fox, nadie les ha hecho caso. “Todo ha sido un círculo vicioso, no han hecho caso a las peticiones que hemos hecho desde entonces, lo mismo nos ha ocurrido con el gobierno del estado, donde nos dicen que no pueden hacer nada", lamentó.
Los colonos del fraccionamiento Santa Isabel han tenido que luchar solos y de entrada, apuntó, "quisimos saber si los materiales de construcción de nuestras viviendas eran tóxicos", y con el apoyo del Instituto Tecnológico de Minatitlán, en su análisis, "nos dijeron que sí eran materiales nocivos para la salud".
Ante ello, afirmó, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente de la Procuraduría General de la República, sin embargo, "los delitos que persigue la PGR están relacionados con sustancias verdaderamente tóxicas, como el asbesto".
En dicha fiscalía especializada de la PGR, señaló, "nos dijeron que los materiales de construcción no estaban contemplados dentro de la ley, por lo que turno el caso a la Procuraduría General de Justicia del estado, donde definitivamente lo tienen congelado".
En la agencia del Ministerio Público adscrito, agregó, realizó diversas gestiones para que peritos de la PGJ y de la Secretaría de Desarrollo Regional y Medio Ambiente, realizaran los estudios y analizaran los materiales, "pero dijeron que no contaban con personal especializado en esta materia".
En tanto, aseveró, se le solicitó también a la Jurisdicción Sanitaria en Coatzacoalcos que concluyera los análisis realizados por maestros y alumnos del Instituto Tecnológico de Minatitlán, ya que por carecer de equipo no pudieron realizar el estudio a fondo, "pero la respuesta fue negativa".
Hasta hoy, subrayó, "todo mundo nos ha dado rotundas negativas, diciéndonos que no cuentan con recursos y peritos para realizar este análisis y todo ha quedado ahí", a pesar de que han agotado todas las instancias legales, tanto federales como estatales, "nadie no ha hecho caso".
"Ha habido un silencio total", reiteró, y a pesar que desde hace dos años la PGR remitió el expediente a la PGJ, "no han hecho nada", ni siquiera han respondido los oficios enviados por los colonos en donde solicitan información para saber dónde fue radicado el caso. "No sabemos dónde está y esto significa que no han hecho nada".
El gobierno de Chirinos ofreció que las viviendas serían de concreto, pero más de 400 propietarios se percataron de que fueron construidas con un material de desecho ya reciclado, denominado Plisen. Es decir, afirmó Luis Rodríguez Pérez, representante legal del grupo social Santa Isabel, "son casas prefabricadas que ya se están cuarteando y los techos cayendo”, además de que están provocando enfermedades entre los moradores.
Rodríguez Pérez agregó que las viviendas fueron entregadas tres años después de que los compradores –familias de escasos recursos-- pagaron el enganche.
Recordó que el 5 de noviembre de 1994, cuando se dio posesión de la vivienda a los propietarios, las autoridades no los dejaron revisar el contrato de compra venta bajo el argumento de que había mucha gente esperando concluir los trámites. “Desde ahí empezó el fraude, pero como era mucha nuestra necesidad no le dimos importancia", admitió el representante legal.
En las negociaciones con los funcionarios del Idere, bajo la dirección de Manuel Abonce Ferrandón, afirmó, "se nos aseguró que las casas serían construidas con material, es decir, con cemento y concreto", sin embargo, "los pequeños departamentos eran prefabricados".
La necesidad de estas 400 familias para contar con un patrimonio familiar, dijo, "generó que ingenuamente la gente cayera en ese fraude", ya que inicialmente el costo de la vivienda sería de casi 50 mil pesos y los pagos mensuales de 350 pesos, según quedó gravado en el Registro Público de la Propiedad.
No se les dijo que los créditos otorgados, a través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), se tasaron de acuerdo con la inflación, basados en los salarios mínimos, por lo que, un mes después, con la devaluación de diciembre de 1994, "los precios se duplicaron y han ido aumentado, resultando ya impagable a la fecha".
A inicios de la década de los noventa, mencionó, el entonces director del Idere, Abonce Ferrandón, a través de “prestanombres” como Octavio L. Mijares, fundo la empresa Constructora Focus, S.A. de C.V., "la cual fue la encargada de construir las casas en el fraccionamiento y tan pronto terminaron, desapareció del mercado".
Lo más grave de este asunto, subrayó, "es que con el tiempo el techo de las casas empezó a desmoronarse, a desprender un polvo que cae en el interior de las viviendas", aunado al material reciclado utilizado en la construcción, "brotaron varias enfermedades en la piel de las personas"; además niños y jóvenes, empezaron a sufrir de asma, alergias, rinitis y hasta algún tipo de cáncer.
Rodríguez Pérez afirmó que al problema de la contaminación se sumó el pago del crédito, ya que de los 362 pesos establecidos subió a 800 pesos cada mes. "Empezamos a pedir que vinieran a realizar una evaluación de las casas, de los materiales y sobre el costo real, porque ya no podíamos pagar las mensualidades", pero nadie hizo caso.
Como medida de presión los colonos empezaron a depositar sus pagos en un tribunal del Distrito Federal. "Lo hicimos durante tres años para tratar de buscar un arreglo extrajudicial, pero nunca nos hicieron caso y Fonhapo decía que teníamos que pagar, ya que la construcción la hizo el Idere".
"Los funcionarios de Fonhapo nos dijeron que la construcción de las casas era responsabilidad del gobierno del estado y de la constructora, pero esta ya no existe, por lo que nosotros alegamos que como financiera debió haber visto que el proyecto no era el mismo al que promovieron", explicó.
Aunque trataron de buscar el apoyo presidencial, primero con Ernesto Zedillo y luego con Vicente Fox, nadie les ha hecho caso. “Todo ha sido un círculo vicioso, no han hecho caso a las peticiones que hemos hecho desde entonces, lo mismo nos ha ocurrido con el gobierno del estado, donde nos dicen que no pueden hacer nada", lamentó.
Los colonos del fraccionamiento Santa Isabel han tenido que luchar solos y de entrada, apuntó, "quisimos saber si los materiales de construcción de nuestras viviendas eran tóxicos", y con el apoyo del Instituto Tecnológico de Minatitlán, en su análisis, "nos dijeron que sí eran materiales nocivos para la salud".
Ante ello, afirmó, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente de la Procuraduría General de la República, sin embargo, "los delitos que persigue la PGR están relacionados con sustancias verdaderamente tóxicas, como el asbesto".
En dicha fiscalía especializada de la PGR, señaló, "nos dijeron que los materiales de construcción no estaban contemplados dentro de la ley, por lo que turno el caso a la Procuraduría General de Justicia del estado, donde definitivamente lo tienen congelado".
En la agencia del Ministerio Público adscrito, agregó, realizó diversas gestiones para que peritos de la PGJ y de la Secretaría de Desarrollo Regional y Medio Ambiente, realizaran los estudios y analizaran los materiales, "pero dijeron que no contaban con personal especializado en esta materia".
En tanto, aseveró, se le solicitó también a la Jurisdicción Sanitaria en Coatzacoalcos que concluyera los análisis realizados por maestros y alumnos del Instituto Tecnológico de Minatitlán, ya que por carecer de equipo no pudieron realizar el estudio a fondo, "pero la respuesta fue negativa".
Hasta hoy, subrayó, "todo mundo nos ha dado rotundas negativas, diciéndonos que no cuentan con recursos y peritos para realizar este análisis y todo ha quedado ahí", a pesar de que han agotado todas las instancias legales, tanto federales como estatales, "nadie no ha hecho caso".
"Ha habido un silencio total", reiteró, y a pesar que desde hace dos años la PGR remitió el expediente a la PGJ, "no han hecho nada", ni siquiera han respondido los oficios enviados por los colonos en donde solicitan información para saber dónde fue radicado el caso. "No sabemos dónde está y esto significa que no han hecho nada".
No hay comentarios.:
Publicar un comentario