rosalía vergara
En lo que fue la primera mega manifestación en contra de las acciones del gobierno del presidente Felipe Calderón, decenas de miles de personas marcharon esta tarde en repudio al alza de precios en los productos básicos.
Más de 50 organizaciones --campesinas, sindicales, civiles y políticas-- firmaron la denominada “Declaración del Zócalo”, en la que fijaron su posición respecto del incremento en los precios de los productos básicos, y plantearon la creación de un “nuevo pacto social” para redefinir el rumbo económico, político y laboral del país.
Leído por la periodista Verónica Velasco, el documento plantea reformas sociales y del Estado como una tarea fundamental, así como la creación de un “nuevo pacto social incluyente”, porque “nadie, ni aun los que afirman haber ganado las elecciones, tienen derecho al monopolio de las decisiones públicas”.
Ese “nuevo pacto”, indica la declaración, estaría encaminado a modificar la política económica; garantizar la inclusión social, la equidad, la competitividad internacional, el empleo y la alimentación de los mexicanos, así como “el control y la administración eficiente de la nación sobre sus bienes básicos y estratégicos”.
Señala: “La nueva política social deberá apoyar las capacidades productivas y organizativas de los diversos sectores sociales. Pondrá en el centro a la educación laica, gratuita y de calidad, así como la seguridad social. Este nuevo pacto incluye cambios en el ámbito electoral y en el régimen político para dar seguridad a la ciudadanía sobre el resultado de su voto, para promover la democracia, democratizar el mundo del trabajo evitando la injerencia gubernamental en su vida interna”.
Todo, apunta, deberá incluirse en un Plan Nacional de Desarrollo, que será dado a conocer a la sociedad, no sólo a las élites.
Las organizaciones firmantes, entre las que figuran sindicatos y organizaciones campesinas priistas, establecieron cinco condiciones inmediatas para crear ese nuevo pacto: Hacer del campo la prioridad, actualizando el Acuerdo Nacional para el Campo; renegociar el capítulo agropecuario del TLC; frenar el aumento de los productos básicos; generar empleos formales con salarios dignos para reactivar el mercado interno; crear espacios institucionales para que los sectores sociales participen en políticas públicas, y que el gobierno se comprometa a detener la represión contra movimientos sociales y respetar los derechos humanos.
“Nuestras demandas son claras y viables. Este acto no es sino el inicio de la respuesta social al deterioro de la vida pública. Continuaremos articulando las diversas expresiones sociales, vinculando la protesta con la propuesta, el diálogo con la movilización, la palabra con la acción”, señalan.
Las organizaciones firmantes, entre las que figuran la Unión Nacional de Trabajadores, agrupaciones perredistas como Nueva Izquierda; la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas; tranviarios, y la Unidad Sindical del IMSS, entre otras, llamaron a la sociedad a expresarse, discutir, construir una amplia unidad social para impulsar reformas y solidarizarse con movimientos sociales.
“Hoy demandamos la soberanía nacional, tanto la alimentaria como la energética, la defensa del salario y del empleo. Estos son los primeros pasos para construir un acuerdo nacional que se transforme en un nuevo pacto social que a todos beneficie”, afirman.
El acto se realizó antes del mensaje que hizo el llamado “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador, quien salió del templete alterno colocado en el zócalo para ese fin, ante la discrepancia con organizaciones campesinas priistas y laborales, además de los perredistas sobre quién sería el orador en la manifestación.
Según el presidente colegiado de la UNT, Francisco Hernández Juárez, al final llegaron al consenso de que Verónica Velasco leyera la declaración, pues tenían una lista de 50 posibles oradores que, al final, no podrían hablar en el evento.
Señaló que no hubo discrepancias con el PRD, ya que, al final, dijo, se pusieron de acuerdo.
Velasco, por su parte, informó que la invitaron anoche a leer la declaración, lo que aceptó porque consideró importante comenzar una movilización contra el incremento en el precio de los productos básicos, pues “es una medida injusta para la sociedad y los campesinos de México”.
El documento define nueve puntos para el inicio de “una nueva etapa de lucha”, pues ya quedó en evidencia que el modelo económico actual no es viable “y hoy está en crisis”. No se generan empleos; el salario está deteriorado; es evidente la falta de competitividad internacional y la pérdida de la soberanía alimentaria.
Recrimina que, mientras otros países buscan revertir los daños de la política neoliberal, México se está quedando a la zaga, e insiste en aplicar un modelo económico ineficiente, inequitativo y discriminatorio.
“No se puede continuar con una política que, ante nuevos problemas, responde con las recetas desreguladoras y privatizadoras que implican menor capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones y mayor subsidio a los capitales ineficientes”, afirma.
Y censura que la represión sea la respuesta gubernamental a los movimientos sociales –como Atenco y Oaxaca--, surgidos a raíz de la descomposición social. “Necesitamos que prevalezca el respeto a los derechos humanos ante cualquier decisión política y la negociación ante el uso de la fuerza. Frente a la política excluyente y represora, habrá que oponer la defensa integral de nuestros derechos y de nuestras libertades”, añade.
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