La derrota de Calderón

josé gil olmos

México, D.F., 14 de febrero (apro).- Cifras extraoficiales señalan que en los primeros tres meses de gobierno de Felipe Calderón el narcotráfico ha cobrado la vida de 230. Este solo dato muestra cómo el presidente ha iniciado con una derrota y que la guerra contra el tráfico de las drogas tiene que ser más que una declaración política para quedar bien con Estados Unidos o los socios comerciales de Europa.

Cuando iniciaron los operativos militares a principios de año Felipe Calderón dijo que la lucha en contra de los narcotraficantes iba a costar vidas inocentes; pero en una imprudencia propia de un gobernante bisoño, aseguró que se ganaría en esta guerra.

Nada más imprudente de Calderón que anunciar la victoria sobre un negocio mundial que genera 500 mil millones de dólares anuales, de los cuales 70 mil millones de dólares se quedan con los narcotraficantes mexicanos que le dedican 10 por ciento de sus ganancias al pago de favores de las autoridades federales, estatales y municipales, así como a las policías y agentes aduanales de mar, aire y tierra.

Cifras no oficiales señalan que durante el sexenio de Vicente Fox murieron 9 mil personas en la lucha contra el narcotráfico o en la pelea que existen entre los distintos grupos del crimen organizado. Además, hubo 70 mil detenidos y fueron asesinados 29 periodistas.

Estos números exhiben el fracaso del gobierno foxista y el tamaño del problema del narcotráfico en el país. No se trata de un problema que afecte a un determinado grupo de la sociedad, sino de un fenómeno que abarca a amplios sectores sociales que han encontrado en el tráfico y producción de estupefacientes la salida para sobrevivir en un mundo de marginación y olvido gubernamental.

No es nuevo decir que hay familias enteras, desde la abuela hasta los nietos, que se dedican a vender éxtasis, crack, ice, cocaína, marihuana y heroína en “tienditas” que no son otra cosa que sus propias casas perdidas en las colonias más jodidas del país.

Tampoco es nuevo recordar que miles de familias campesinas han cambiado el cultivo del maíz y frijoles por la amapola y marihuana.

No se diga del crecimiento del consumo entre los mexicanos. En los últimos cinco años se incrementó en 300 por ciento, según cifras oficiales, pero podría ser más, pues cada vez se escuchan más historias familiares con hijos, padres, amigos y conocidos con graves problemas de adicción.

El gobierno calderonista ha tomado el camino más fácil, el de los efectos e ilusiones mediáticas, pero con resultados magros. Además de los 30 mil elementos del Ejército y Marina que han utilizado en los últimos seis años, Calderón puso en operación otros 15 mil de la Policía Federal Preventiva (PFP), que en realidad son militares. Es decir, el combate al narcotráfico se militarizó pero con ello únicamente se está atacando la superficie del problema porque las redes de corrupción política, policial, militar, incluso gubernamental, siguen sin incólumes.

“Los institutos militares de la República son más fuertes que cualquier banda de delincuentes, y vamos a utilizar toda la fuerza del Estado para responder a quienes desafían a la autoridad y a la sociedad, para responder a quienes retan a las instituciones y ponen en peligro el futuro del país”, dijo Calderón ante las criticas de los escasos resultados de los operativo en Michoacán, Guerrero y el famoso “triángulo dorado” que forman Sinaloa, Durango y Chihuahua.

El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, por su parte, advirtió que habrá una respuesta “más contundente y más efectiva” contra los cárteles de la droga que se resisten a desocupar espacios que le pertenecen a la sociedad.

“En la medida que haya una respuesta o una reacción del crimen organizado a las acciones que pretenden rescatar para la ciudadanía el derecho de vivir en paz, más contundente será la respuesta del Estado mexicano”, señaló.

Pero la estrategia calderonista no toca la raíz del narcotráfico y mucho menos se tiene un programa para detectar la infiltración del narcotráfico en la estructura de poder gubernamental y en el sistema financiero nacional.

Tampoco ha tomado en cuenta sus efectos en la población. Hasta donde se puede ver no existe ningún recurso especial para atender la adicción entre las familias más pobres, las que no pueden pagar un tratamiento de 40 a 150 mil pesos mensuales en las clínicas especializadas. Además, no existe ningún programa de ayuda para las zonas campesinas de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Durango, Chihuahua y otros estados donde se concentra la producción de enervantes.

Es evidente que Calderón solamente está tratando de seguir una táctica efectista, administrar el problema y no resolverlo. Y que el uso inconstitucional del Ejército para labores de persecución de delincuentes traerá consecuencias para esta institución pues la lucha en contra del narcotráfico es ya una derrota para el panista.