Gerardo Unzueta
Informa EL UNIVERSAL: "La Secretaría de Gobernación rectificó y decidió aceptar la transmisión del programa del PRD en tiempos oficiales, en el que Andrés Manuel López Obrador ´toma protesta´ como ´presidente legítimo´ en el zócalo de la ciudad de México".
Pareciera que así terminaría el problema -el propósito de instaurar la censura previa- creado por la Secretaría de Gobernación (Segob) al prohibir la transmisión, en tiempos del Partido de la Revolución Democrática, del programa televisivo en que se relatan momentos de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente legítimo, acto realizado el 20 de noviembre.
Al hacerlo, la Segob se situó plenamente dentro de los términos prohibidos por los artículos sexto y séptimo de la Constitución, según los cuales "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial y administrativa..." y "es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura...". Esos materiales no se transmitirían "porque (la Segob) considera que son transgresiones de la normatividad en materia de televisión"; se amparaba la Segob en la atribución que se da a la Comisión de Radio y Televisión de "revisar técnicamente los materiales".
Ante tal despropósito, el Instituto Federal Electoral, reunido en plenaria el 1 de febrero, determinó por unanimidad, incluidos los representantes partidistas, que la Segob debía "respetar en este caso principios constitucionales, tratados internacionales y otros antecedentes en materia de libertad de expresión", y dio cinco días a la secretaría para rectificar su decisión. "La única respuesta satisfactoria para el IFE es que la Segob retransmita los programas del PRD", declaró el vocero del instituto.
Finalmente, antes de que terminara el plazo "la Segob rectificó y decidió aceptar la transmisión del programa del PRD en tiempos oficiales". Todo se hubiera saldado sin objeciones, si, a párrafo seguido de la aceptación, no se hubiera agregado un planteamiento típico de la mente autoritaria de Francisco Ramírez Acuña. "Esperamos --dice el boletín en que la Segob comunica la rectificación- que esta decisión contribuya a promover un ánimo de diálogo y concertación, y convocamos a la reciprocidad y corresponsabilidad del resto de los actores políticos".
¿De dónde saca Francisco Ramírez Acuña que un retroceso, obligado a partir de los textos constitucionales, deba ser correspondido por el resto de los actores políticos? ¿No está acaso situándose en la condición de la maestra Gordillo que exige reciprocidad por su contribución a la triste victoria de Felipe?
No. No hay lugar a convocar a tal reciprocidad y corresponsabilidad. Gobernación quiso atacar la libertad de expresión e implantar la censura previa, amparándose en una interpretación torcida de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) y su reglamento (la "revisión técnica"). Poner a salvo tal intento, afirmando que la actuación de la Segob estuvo "en todo momento plenamente ajustada a derecho", nos pone en guardia: cada paso, cada autorización o negativa de la RTC deberá ser rigurosamente observada, pues del texto se desprende la amenaza: Gobernación seguirá intentando la censura previa. Parece decirnos "hoy no me dejaron, pero a l´otra... ¡ya verán!".
No sería excesivo, después del fracaso de la Segob y de su pequeña hija RTC, reclamar la reorganización de tal comisión y el ajuste de la LFRT para situar a ambas en concordancia con la Constitución. No es todavía la reforma del Estado, pero por algo hay que empezar.
Analista político, miembro del PRD
Informa EL UNIVERSAL: "La Secretaría de Gobernación rectificó y decidió aceptar la transmisión del programa del PRD en tiempos oficiales, en el que Andrés Manuel López Obrador ´toma protesta´ como ´presidente legítimo´ en el zócalo de la ciudad de México".
Pareciera que así terminaría el problema -el propósito de instaurar la censura previa- creado por la Secretaría de Gobernación (Segob) al prohibir la transmisión, en tiempos del Partido de la Revolución Democrática, del programa televisivo en que se relatan momentos de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente legítimo, acto realizado el 20 de noviembre.
Al hacerlo, la Segob se situó plenamente dentro de los términos prohibidos por los artículos sexto y séptimo de la Constitución, según los cuales "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial y administrativa..." y "es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura...". Esos materiales no se transmitirían "porque (la Segob) considera que son transgresiones de la normatividad en materia de televisión"; se amparaba la Segob en la atribución que se da a la Comisión de Radio y Televisión de "revisar técnicamente los materiales".
Ante tal despropósito, el Instituto Federal Electoral, reunido en plenaria el 1 de febrero, determinó por unanimidad, incluidos los representantes partidistas, que la Segob debía "respetar en este caso principios constitucionales, tratados internacionales y otros antecedentes en materia de libertad de expresión", y dio cinco días a la secretaría para rectificar su decisión. "La única respuesta satisfactoria para el IFE es que la Segob retransmita los programas del PRD", declaró el vocero del instituto.
Finalmente, antes de que terminara el plazo "la Segob rectificó y decidió aceptar la transmisión del programa del PRD en tiempos oficiales". Todo se hubiera saldado sin objeciones, si, a párrafo seguido de la aceptación, no se hubiera agregado un planteamiento típico de la mente autoritaria de Francisco Ramírez Acuña. "Esperamos --dice el boletín en que la Segob comunica la rectificación- que esta decisión contribuya a promover un ánimo de diálogo y concertación, y convocamos a la reciprocidad y corresponsabilidad del resto de los actores políticos".
¿De dónde saca Francisco Ramírez Acuña que un retroceso, obligado a partir de los textos constitucionales, deba ser correspondido por el resto de los actores políticos? ¿No está acaso situándose en la condición de la maestra Gordillo que exige reciprocidad por su contribución a la triste victoria de Felipe?
No. No hay lugar a convocar a tal reciprocidad y corresponsabilidad. Gobernación quiso atacar la libertad de expresión e implantar la censura previa, amparándose en una interpretación torcida de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) y su reglamento (la "revisión técnica"). Poner a salvo tal intento, afirmando que la actuación de la Segob estuvo "en todo momento plenamente ajustada a derecho", nos pone en guardia: cada paso, cada autorización o negativa de la RTC deberá ser rigurosamente observada, pues del texto se desprende la amenaza: Gobernación seguirá intentando la censura previa. Parece decirnos "hoy no me dejaron, pero a l´otra... ¡ya verán!".
No sería excesivo, después del fracaso de la Segob y de su pequeña hija RTC, reclamar la reorganización de tal comisión y el ajuste de la LFRT para situar a ambas en concordancia con la Constitución. No es todavía la reforma del Estado, pero por algo hay que empezar.
Analista político, miembro del PRD
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