Fue de tal magnitud la represión sufrida por la gente de Oaxaca el pasado 25 de noviembre, que provocó un gran repliegue del movimiento ciudadano que lucha en contra del tirano Ulises Ruiz. Las detenciones arbitrarias, las golpizas, los secuestros, los ataques a balazos y los allanamientos de decenas de domicilios provocaron que miles de personas huyeran del estado o se escondieran. El miedo cundió por doquier.
A partir de esa aciaga fecha se desató una verdadera cacería y una campaña de odio y de linchamiento en contra de los miembros y simpatizantes de la APPO, lo cual se reflejó de inmediato en la disminución en el número de participantes en las jornadas de protesta y en el lugar central que ocupó la demanda de liberación de los presos y la presentación de los desaparecidos.
La brutalidad de los hechos del 25 de noviembre y sus consecuencias trajeron ira, desánimo y desesperanza, sentimientos que se agudizaron aún más cuando, de manera abierta, el gobierno de Felipe Calderón se sumó a la embestida en contra del movimiento democratizador de Oaxaca y brindó su apoyo al gobernador Ulises Ruiz. La detención de Flavio Sosa y de tres integrantes más de la APPO, cuando se aprestaban a participar en una nueva ronda de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, provocó aún más desconcierto.
Para muchos medios, el reflujo del movimiento se explicaba a partir de la detención de Flavio Sosa; ya que al no entender lo que es la APPO o al ocultar la oleada represiva que venía sufriendo el pueblo de Oaxaca, les era más fácil interpretar el repliegue como consecuencia de su descabezamiento. Y estaban muy equivocados, como equivocado estaba el gobierno federal.
Si bien el reflujo era evidente, durante todo diciembre se realizaron acciones de protesta en la capital del estado y en todas las regiones que componen la geografía oaxaqueña. El mismo primero de diciembre, miles marcharon por las calles, y 10 días después se realizaron nuevas movilizaciones que, si bien eran menos numerosas que las anteriores, demostraban que ni la represión ni la cerrazón gubernamentales habían destruido al movimiento.
En casi todos los días de enero hubo protestas callejeras y el conflicto volvió a crecer. En varios municipios donde los palacios habían sido recuperados por los pueblos se han dado violentos enfrentamientos provocados por los priístas; los casos más graves han ocurrido en Huautla y en San Antonino Castillo Velasco, con resultado de por lo menos 40 personas heridas.
A pesar de que el titular del Instituto Estatal de Educación lo niegue públicamente, la realidad es que el edificio de esa dependencia tiene cerca de 20 días ocupado por cientos de profesores y en más de 300 escuelas aún se viven graves conflictos. Día a día, desde el principio de 2007, se vienen sumando nuevos contingentes magisteriales a la protesta: la Costa, la Cañada, secundarias técnicas, sector Nochixtlán; la revuelta crece ya de manera incontrolable, y se extiende.
La asamblea estatal de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha decidido reanudar las movilizaciones y, como parte de la APPO, ha convocado a la novena megamarcha, la cual es una demostración de la vitalidad y fuerza del movimiento democrático. Esta nueva movilización ratifica la demanda histórica de amplios sectores de Oaxaca, la destitución de Ulises Ruiz. Demanda irrenunciable e innegociable.
El gobierno de Felipe Calderón verá crecer en los próximos días un inmenso conflicto político-social en Oaxaca, incluso más grave que el ocurrido el año pasado. Oaxaca tendrá elecciones este año y el estilo propio de la mapachería priísta provocará seguramente conflictos en decenas de municipios, donde los ciudadanos no están dispuestos a que les sigan imponiendo presidentes municipales.
Felipe Calderón tendrá que rectificar el error cometido cuando decidió la detención de Flavio Sosa y de otros miembros de la APPO, ordenando su inmediata liberación, y deberá dejar de apoyar a un gobierno estatal al que sólo lo sostienen el gobierno federal, las bandas policiacas y el control que mantienen los grupos caciquiles en algunas regiones.
Si el Ejecutivo federal no modifica su política autoritaria y represiva hacia Oaxaca también verá crecer un formidable movimiento ciudadano, que ya no sólo demandará la destitución de Ulises Ruiz; los próximos días la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca será uno de los actores que seguramente estará encabezando a un gran movimiento ciudadano nacional que demande también la renuncia del Presidente de la República, el que al parecer está más interesado en atender los reclamos de los empresarios extranjeros que las justas demandas del pueblo mexicano. Si no, al tiempo.
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